Las advertencias del Gobierno central de que va a combatir el referéndum ilegal por tierra, mar y aire tiene uno de sus focos en el Puerto de Barcelona, dado que se trata de un nodo internacional de transporte de mercancías. Por ahí podría llegar material electoral para el 1-O si el Govern opta por ir a buscarlo en el exterior ante las investigaciones y registros en Cataluña. Además, su presidente es Sixte Cambra, que fue nombrado en 2011 por el Govern y es una persona cercana a Artur Mas.
De todas formas, el puerto de la capital catalana, así como el de Tarragona, son de titularidad estatal y forman parte de la red de Puertos del Estado. La seguridad de los accesos y los controles en las instalaciones son también competencia del Gobierno central, que es el responsable de las aduanas.
Además, los dos puertos catalanes han alojado, tras recibir sendas órdenes del Ministerio del Interior, barcos para dar hospedaje y apoyo logístico a los agentes de los cuerpos de seguridad del Estado que el Ejecutivo de Mariano Rajoy está desplazando a Cataluña como parte de un dispositivo especial para garantizar el cumplimiento de la ley y el orden público mientras no se desconvoque la cita electoral impulsada por el Govern, que sigue insistiendo en que llevará adelante.
Hay dos buques en el puerto de Barcelona y uno en el de Tarragona, todos de tipo mixto, es decir, que pueden alojar pasajeros y vehículos. Su rampa para tráfico rodado permite que puedan recibir suministros mediante camiones y no requieran los servicios de los estibadores de cada puerto, que tanto en el de Barcelona como en el de Tarragona decidieron no servir a estos barcos como protesta por la falta de diálogo político para resolver el problema.
La capacidad
Entre los tres barcos suman una capacidad para 6.266 pasajeros, aunque ya han llegado las primeras críticas de agentes por lo reducido de algunos camarotes y por tener que compartirlos durante al menos dos semanas, ya que el Ministerio ha solicitado amarre, de momento, hasta el 4 de octubre en el caso de Tarragona y el día 5 en Barcelona. Una de las embarcaciones también ha despertado ironías al estar decorada con personajes de dibujos animados.
Los buques que alojan a los policías y guardias civiles llegaron a mediados de semana y tienen la condición de barcos de Estado, por lo que no deben rendir cuenta de sus movimientos de agentes a los puertos, que se han limitado a cumplir la obligación de facilitarles amarre.
El Ministerio del Interior también intentó atracar un buque en el Puerto de Palamós (Girona), que dispone de aduana -de competencia estatal- pero es propiedad de la Generalitat. El Govern no autorizó el amarre con el argumento de que las instalaciones no tenían espacio disponible.
Una de las reivindicaciones recurrentes de la Generalitat es la de la descentralización de las grandes infraestructuras y, en una conferencia esta semana, el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, incidió en la necesidad de reforzar la capacidad de decisión de los puertos para generar mayor actividad económica. La empresa pública Puertos de la Generalitat posee y gestiona 19 puertos, tres dársenas pesqueras y cuatro embarcaderos catalanes.