Encontrar una solución a la crisis de paro juvenil en España no era algo que fuera a suceder de la noche a la mañana. Pero España ha tardado tanto tiempo en sacar partido a unas ayudas destinadas a ese fin (el llamado programa de Garantía Juvenil financiado por Europa) que se arriesga a no aprovechar plenamente una oportunidad de oro para ayudar a unos jóvenes castigados por una profunda recesión, según dicen políticos, sindicatos y demandantes de empleo. Ahora, los diferentes niveles de gobierno buscan gastar el dinero en el plazo establecido por la Unión Europea, pero las prisas nunca son buenas consejeras.
Con casi un 40% de los menores de 25 años aún sin trabajo, el desempleo juvenil sigue siendo la mayor mancha en cuatro años de una recuperación económica que ha situado a España como una de las estrellas de la zona euro.
Sin embargo, tras un lento arranque de un programa de empleo y formación para jóvenes de la Unión Europea, España tiene que trabajar ahora contrarreloj para gastar 1.900 millones de euros de fondos europeos a medida que se acercan los plazos para utilizarlos, tres años después de la primera asignación.
El derroche repentino ha provocado acusaciones de que el dinero se está desperdiciando en cursos de formación mal planteados y en subvenciones para demandantes de empleo que podrían no incentivar a las empresas a contratar personal adicional.
Como complemento salarial
Madrid incluso quiere utilizar los fondos para ofrecer un complemento salarial a los jóvenes peor pagados, aunque Bruselas ha cuestionado si este programa cumplía con las directrices del programa de Garantía Juvenil y pidió ajustes.
España parece estar ahora bien encaminada para gastar su asignación, pero sigue existiendo el riesgo de que Bruselas no le reembolse todo. Para reclamar los fondos de la UE, no basta con que Madrid desembolse el dinero sin más; también debe demostrar que los cursos y las contrataciones laborales se han completado dentro de los plazos, que vencen al final de 2017 y 2018.
Madrid confía en que se pueda evitar el riesgo, pero algunos demandantes de empleo y políticos de la oposición dicen que el ritmo de gastos se está volviendo imprudente y derrochador. El Ministerio de Empleo español no quiso realizar comentarios para este artículo.
"Esto se ha convertido en algo en el que los fondos deben gastarse en lo que se pueda, sin realmente mirar si se están enfocando las prioridades correctas o si las medidas son efectivas", comenta Rocío de Frutos, exinspectora de trabajo y diputada del Partido Socialista, principal partido de la oposición al Partido Popular de Mariano Rajoy.
Ricardo, de 25 años y graduado en estudios medioambientales, asegura que los únicos cursos disponibles para este programa en su ciudad, Segovia, eran los que no necesitaba, como inglés, o eran demasiado básicos, aunque hizo varios de todos modos para mantenerse ocupado.
"Utilidad, ninguna. Después de haberlo vivido opino que es un parche para una enfermedad del sistema", explica Ricardo, que prefirió no dar sus apellidos.
La estrategia de España ante este programa europeo también ha expuesto defectos estructurales más amplios, según sus críticos: un marco laboral en el que es complicado navegar, obstaculizado por la burocracia y que ofrece poca formación individualizada o asesoramiento para los demandantes de empleo.
El tiempo es oro
Ante el temor a que una 'generación perdida' quede fuera del mercado laboral, mientras el sector financiero e inmobiliario ya ven la crisis por el retrovisor, los políticos han sido objetivo de la indignación, como en otros países golpeados por un elevado paro como Grecia.
España fue el principal beneficiario del Plan de Garantía Juvenil de la UE, que los líderes de la UE acordaron en 2013 y que inicialmente estuvo dotado con 6.400 millones de euros en fondos para devolver a los jóvenes al mercado laboral. España recibió cerca de 2.000 millones, un buen trozo de la dotación total.
Una revisión de Reuters de datos de gasto mostró que España solo hizo uso de una décima parte de su asignación durante los primeros 18 meses, en parte porque tuvo dificultades a la hora coordinar el plan a través de múltiples niveles de gobierno y de encontrar las fórmulas para gastar ese dinero de una forma eficiente.
El gran esfuerzo de gasto empezó a mediados de 2016, poniendo a España el plan para cumplir con los términos establecidos por la UE para utilizar un poco más de 1.000 millones de euros de esa asignación a finales de 2017. Pero debe gastar y contabilizar los 900 millones de euros restantes para finales de 2018.
Ni un solo proyecto entre 2014 y 2015
Los obstáculos a nivel europeo también son en parte culpables de los retrasos en el programa. Se suponía que los estados debían adelantar el dinero y luego facturar a la UE, todo un desafío en un momento en el que España estaba bajo una enorme presión europea para reducir su déficit público. España no presentó un solo proyecto de Garantía Juvenil a la UE entre 2014 y 2015, mientras que Francia, Portugal e Italia ya habían comenzado a hacerlo.
Una fuente del ministerio dijo que casi un año de parálisis política en 2016 había dificultado cualquier intento de enmendar el sistema de Garantía Juvenil antes, ya que el Gobierno en funciones no tenía plenos poderes. Un responsable de la Comisión Europea dijo que España tuvo un arranque lento, pero que ahora el programa iba bien encauzado.
"Vemos que los esfuerzos conjuntos para cumplir con la Garantía Juvenil están dando sus frutos", dijo el responsable. Algunos de los usuarios del sistema también elogian sus beneficios. Pero los traspiés iniciales significan que algunos empleos potenciales nunca se materializaron en un momento crítico, justo cuando España estaba saliendo de la recesión.