El vicepresidente catalán, Oriol Junqueras, ha anunciado que el Govern presentará un recurso ante el Tribunal Supremo a la decisión del Gobierno central de intervenir los gastos la Generalitat buscando la suspensión de la iniciativa anunciada por el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, como respuesta a la decisión de la Conselleria de Economía, que lidera Junqueras, de no remitir más informes de gastos a La Moncloa.
Lo ha explicado en una entrevista de TV3 recogida por Europa Press, en la que ha asegurado que la decisión de Hacienda se ha tomado "bajo el amparo de ninguna ley" y ha defendido que el Govern está cumpliendo la Ley de Estabilidad Presupuestaria, incluso más que el Ejecutivo central.
"Nos intervienen y prohiben ayudar a la gente los que se han pulido 64.000 millones de euros del fondo de reserva de la Seguridad Social", ha criticado Junqueras, que ha aseverado que la intervención supone que la Generalitat no puede destinar ni un céntimo, ha dicho, a medidas de impulso de la economía, pero tampoco a la Renta Garantizada de Ciudadanía.
El líder de ERC ha afirmado que la medida de Hacienda "va más allá del artículo 155 [de la Constitución]" y supone el bloqueo de los Presupuestos de la Generalitat.
En su tono habitual, Junqueras había asegurado el sábado que la intención es "frenar el referéndum, erosionar la democracia y la prosperidad de nuestra economía". Así, lamentaba que las acciones del PP ponen en riesgo el correcto funcionamiento de las finanzas catalanas y de su productividad, informó Ep.
Es por ello que ha llamado a participar en el referéndum del domingo 1 de octubre para "defender los intereses de los ciudadanos de Catalunya", y ha subrayado que no se trata de una votación sobre la independencia sino también sobre la democracia. "El referéndum no es sólo para decidir el futuro institucional del país, es un referéndum para salvar los derechos sociales", ha remachado, y ha criticado que líderes de partidos como el PSOE llamen a la abstención como hace también el PP.
El lunes, día límite
El Gobierno se vio el viernes obligado a llegar más lejos que nunca con una autonomía. En un acuerdo sin precedentes, el Consejo de Ministros dejó a la Generalitat sin competencias sobre su gasto con el objetivo de garantizar que no se dedica un solo euro al referéndum del 1-O. Todo ello se produjo tras negarse Oriol Junqueras, vicepresidente catalán, a facilitar información semanal sobre los movimientos de dinero de su Ejecutivo.
El titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, toma ya el control financiero de los servicios públicos esenciales (sanidad y educación) y dió 48 horas a Carles Puigdemont para que apruebe un Acuerdo de No Disponibilidad del resto de partidas de gasto. El paquete de medidas se aplica, afirmó Montoro, por la "excepcionalidad" de que un Gobierno autonómico esté apostando por saltarse la ley. En ese sentido, su vigencia caducará únicamente cuando el Govern vuelva a la senda de la legalidad, algo que no parece previsible antes del 1-O. Respecto al contenido, la medida más llamativa es la que hace referencia al ultimátum de 48 horas que Cristóbal Montoro dió al presidente catalán para aprobar acuerdos de no disponibilidad sobre todos los fondos que a día de hoy no sirven para financiar servicios públicos.
Si en esos dos días -se entiende que el plazo caduca este mismo lunes por la mañana, pues el BOE publicaba la orden el sábado- Puigdemont no obedece, entonces será "el propio ministro de Hacienda" quien apruebe la no disponibilidad del dinero. Tanto en un caso como en otro, será el Estado quien proceda a efectuar los desembolsos.
Al margen, y en lo que supone una intervención de facto, el Consejo de Ministros otorga a Hacienda la facultad de financiar los servicios públicos catalanes sin intervención de la Generalitat, algo que nunca ha sucedido en democracia. "Asumiremos algunas nóminas de funcionarios, sí", señaló el ministro de Hacienda.
Los interventores de la Generalitat -y no Junqueras, como hasta ahora- tendrán que enviar la información firmada sobre los compromisos de pago pendientes para que el Estado los asuma, y acompañar esa documentación con un certificado "que deje claro que no se están financiando otras partidas". Hoy por hoy, la financiación autonómica deja en las arcas catalanas unos 1.400 millones al mes para financiar estos servicios.