El Gobierno ha adoptado nuevas medidas de control sobre las finanzas de Cataluña para garantizar que la financiación del referéndum no incluya ni un euro de dinero público. El Ejecutivo obligará a los bancos a comunicar cualquier pago de la Generalitat relacionado con la convocatoria. Todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat, incluso a corto plazo, deberán tener autorización previa del Consejo de Ministros.
La decisión de la Generalitat de desobedecer el control de gasto semanal impuesto en julio por Montoro, ha obligado a Hacienda a adoptar medidas extraordinarias para evitar que haya financiación pública en la organización del referéndum del uno de octubre.
Congelación de los presupuestos
La Comisión Delegada para Asuntos Económicos da 48 horas al presidente de la Generalitat para que apruebe un acuerdo de no disponibilidad que afecte a cualquier gasto que no esté vinculado a servicios públicos fundamentales, como pago de las nóminas de lo funcionarios.
Esto supone que la Generalitat no podrá realizar nuevos pagos de gastos que no estén ya comprometidos, excepto si afectan a servicios públicos esenciales. Excepcionalmente, Hacienda, a solicitud del Interventor General de la Comunidad Autónoma, podrá autorizar la revocación parcial, "si se justifica la concurrencia de razones de urgente y extraordinaria necesidad".
Pagos directos del Estado
En la práctica se traduce que Cataluña deberá comunicar al Estado todos los pagos pendientes que afecten a los servicios públicos fundamentales, con la firma de la Intervención General certificando que esos gastos no financian ninguna actividad relacionada con el referéndum ilegal.
El Gobierno no enviará nuevas transferencias a Cataluña para pagar esos servicios, sino que abonará directamente tanto las facturas de los proveedores, como las nóminas de los empleados públicos.
Medidas antiblanqueo
Las medidas serán remitidas a los bancos con el fin de que sus oficinas eviten colaborar con las actividades del referéndum ilegal, como ya hacen frente a otras posibles actuaciones delictivas como puede ser el blanqueo de dinero. De esta manera, si estas entidades detectan algún pago o transferencia relacionada con el referéndum del 1 de octubre, deberán comunicarlo al Ministerio Fiscal. Además, a partir de la entrada en vigor de esta orden, cualquier pago de la Generalitat debe ir acompañado de un certificado de la Intervención General acreditando que el mismo no está relacionado con ese proceso ilegal.
Permiso para aumentar la deuda
A partir de la publicación en el BOE de los acuerdos, todas las operaciones de endeudamiento de la Generalitat requerirán autorización previa del Consejo de Ministros, incluso las operaciones a corto plazo, a pesar de que ya esté aprobado su Plan Económico Financiero.
Control de facturas
Asimismo, todas las facturas de los proveedores de los servicios públicos fundamentales de la Comunidad Autónoma de Cataluña o entidades vinculadas o dependientes deberán presentarse y consultarse a través del punto de entrada general de facturas electrónicas de la Administración General del Estado (FACe) para conseguir un mayor control de las mismas y garantizar su abono
