Economía

El Gobierno asume el gasto de la Generalitat para evitar la financiación del referéndum

  • Montoro alude a un 'novedoso' mecanismo de control de pagos
  • El Gobierno da un ultimátum de 48 horas para intervenir sus cuentas
  • "Ningún euro irá a financiar ninguna actividad ilegal", puntualiza
El Consejo de Ministros ha decidido dar 48 horas a la Generalitat antes de intervenir sus cuentas. | Efe

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha confirmado que el Estado se encargará de los gastos de la Generalitat de Catalunya para evitar la financiación del referéndum. Tras el Consejo de Ministros, Montoro ha aludido a un novedoso mecanismo de control de pagos para garantizar los servicios públicos (nóminas, Educación, Sanidad y servicios sociales) de los catalanes y "ningún euro vaya a financiar ninguna actividad ilegal". Esto supondrá administrar buena parte de los 1.400 millones mensuales que el Gobierno libra a la Generalitat a cuenta del sistema de financiación autonómica.

Además, el ministro señaló que se le da 48 horas al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para que comunique a Hacienda un acuerdo de no disponibilidad de su presupuesto que afecte a todos los pagos no vinculados con los servicios públicos esenciales. De lo contrario, será el propio ministro de Hacienda quien lo haga y el Estado asumirá el pago de citadas partidas. 

Según Montoro, la Generalitat deberá comunicar al Ministerio todos los importes que se pagan con cargo a esas partidas del sistema de financiación a través de los informes de la interventora general de la Generalitat, quien deberá firmar, además, un "certificado" de que no se está financiando nada ilegal con cargo al erario público.

Con estos datos, será el Gobierno quien realice directamente los pagos de las nóminas, Educación, Sanidad y Servicios Sociales que suman buena parte de los 1.400 millones de euros que recibe Cataluña cada mes con cargo al sistema de financiación autonómica. Se trata de aplicar el mismo sistema que se había venido utilizando con el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), con el que el Gobierno paga directamente las facturas de los proveedores de las CCAA y los vencimientos de deuda. Estas facturas se cargan a la plataforma FACE de Hacienda y los pagos son liberados por el ICO.

Hacienda no tocará la partida correspondiente a los impuestos cedidos a Cataluña y que supone una recaudación de entre 240 y 250 millones al mes. "Ellos tienen una capacidad de financiación pequeña y en eso no entramos", ha expuesto Cristóbal Montoro.

Permiso para las operaciones de endeudamiento

Además, el ministro ha explicado que las operaciones de endeudamiento tanto a largo como a corto plazo deberán ser autorizadas a partir de ahora por Hacienda. Hasta el momento era obligatorio el permiso del Consejo de Ministros para las operaciones de endeudamiento a largo plazo de las CCAA acogidas al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), las incumplidoras del déficit y la regla de gasto.

Las medidas se publicarán al inicio de la próxima semana y comenzarán a correr los plazos y aunque Montoro no ha precisado durante cuánto tiempo estará el Gobierno controlando los pagos de la Generalitat, sí ha precisado que lo hará mientras "dure la situación de excepcionalidad" y mientras "se sigan negando a cumplir la ley y pongan en riesgo la prestación de servicios públicos, las transferencias a las familias y los pagos a la dependencia" que, ha añadido, se garantizan con las medidas que ha adoptado el Gobierno.

"Estamos intentando evitar las malas ideas, en términos de lo que esté pensando pagar. E intentado evitar que incurran en la misma ilegalidad en la que ellos mismos se están situando", ha señalado el titular de Hacienda. "Un referéndum ilegal no puede tener ninguna financiación, ya sea pública o privada", zanjó.

El 'no' de Junqueras a los informes semanales

La medida se adopta después de que este mismo jueves el conseller de Economía, Oriol Junqueras, comunicase a Montoro que dejaría de enviar los informes semanales sobre los gastos de la Generalitat. Propuesta que el Tribunal Supremo acaba de rechazar.

Montoro requirió a la Generalitat que cumpliese con su deber y remitiera de inmediato la información a la que está obligada. En la carta de respuesta del Gobierno, Montoro advertía de que, si no facilitaban estos datos, se adoptarían "las medidas necesarias" para asegurar que la Generalitat atiende a la legislación vigente y, en concreto, al cumplimiento de la normativa de estabilidad presupuestaria.

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