La agencia de calificación financiera Fitch ha advertido hoy de una posible rebaja de su nota para Cataluña si se produce un "debilitamiento del apoyo de la liquidez estatal" como consecuencia de "una significativa escalada de las hostilidades". | Lea la nota original emitida por Fitch
En un comunicado, Fitch afirma que estará atenta a los acontecimientos políticos y, en concreto, al "posible referendo" de independencia, convocado por el gobierno catalán para el próximo 1 de octubre -suspendido cautelarmente por el Tribunal Constitucional- por si el conflicto llegara a comprometer "la capacidad de pago de deudas".
Tras recordar que en julio ya dejó la deuda de Cataluña en un BB con perspectiva negativa (nivel cuestionable o más conocido como bono basura) debido a las tensiones políticas, la agencia también indica que las relaciones con el Gobierno central son "importantes para el perfil de la deuda catalana", ya que la región es "muy dependiente del apoyo de liquidez del Gobierno central".
Pese a ello, apunta que la calificación se podría "reinstalar" si se diera "una normalización de las relaciones políticas", lo que considera "necesario".
En esta línea, apunta que "si se avanza hacia una mayor descentralización con mayor autonomía fiscal, esto podría ser positivo para el perfil crediticio de Cataluña si mejora los ingresos fiscales, en línea con la fuerte economía y base impositiva de la región, mientras continúa el apoyo del gobierno central".
Una deuda importante
La agencia resume muy bien la situación de la autonomía española: "La Perspectiva Negativa de la calificación 'BB' de Cataluña refleja el riesgo de confrontación política que podría traducirse en la reducción o retirada del apoyo estatal a medio plazo, junto con el débil desempeño presupuestario de Cataluña, alto endeudamiento y riesgo de refinanciación".
La región ha arrojado saldos negativos desde 2008 y es el mayor receptor de apoyo de liquidez del gobierno central. El endeudamiento total con el gobierno central superó los 50.000 millones de euros a finales de 2016, es decir, el 80% de la deuda directa estimada de Cataluña.
La agencia de calificación de deuda hace referencia expresamente a la aprobación el pasado miércoles de la ley del referendo por parte del gobierno catalán y a su suspensión por parte del Tribunal Constitucional el día siguiente.
A su juicio, las medidas que podría tomar el gobierno español incluyen la suspensión de algunas o todos las competencias del ejecutivo autonómico o "el corte de fondos" si son utilizados para preparar la consulta del 1-O.
"Consideramos que la separación de España es poco probable, pero una escalada de tensiones sería negativa para Cataluña si el apoyo de liquidez del gobierno central se debilita o incluso se retira", ha subrayado.
