Un informe del banco ING las sitúa entre las más perjudicadas por la secesión por la salida de la UE. Consulte todo el reportaje en la Revista Catalunya.
Las exportaciones catalanas registraron hasta junio el mejor primer semestre de la serie histórica, iniciada en 1995, con un crecimiento del 9,5 por ciento interanual hasta 35.640 millones de euros, pero esta senda de récords de los últimos años se vería truncada en caso de independencia, según un informe del banco ING, que da por segura la salida de la República catalana de la UE y de la zona euro.
El banco sostiene que, en ese caso, las exportaciones catalanas se podrían ver fuertemente afectadas, y por tanto, las empresas internacionalizadas serían de las más perjudicadas por la ruptura.
Y es que Cataluña no solo es dependiente de la economía española (el 45 por ciento de las ventas de las compañías catalanas se produce en el resto del mercado estatal), sino que la dependencia de Europa también es significativa si se tienen en cuenta las exportaciones al conjunto de los 28 países que forman la Unión Europea, que alcanzaron los 42.800 millones de euros el año pasado; un 65 por ciento de las totales registradas en 2016. Cataluña es muy dependiente de algunos países de la zona euro, con Francia a la cabeza, y con pesos importantes también de Alemania, Italia, Portugal y Reino Unido.
En su informe, ING destaca que la región realizó el año pasado mayores exportaciones a Portugal que a otras economías como Estados Unidos, China y Japón de forma conjunta (véase gráfico). En este contexto, la ruptura pondría una importante piedra en el zapato de los empresarios que se han esforzado en incrementar sus exportaciones en los últimos años, impulsadas por la crisis.
Esta internacionalización, que ha favorecido un incremento de las exportaciones del ocho por ciento en los últimos dos años, también se ha trasladado a las pymes, que son la base del tejido empresarial catalán. En este sentido, de acuerdo con la patronal de pequeñas y medianas empresas catalanas, Pimec, aunque prácticamente la mitad de las ventas de las pymes locales se realizan en el mercado interior catalán (48,8 por ciento), las exportaciones fueron la segunda fuente de origen de los ingresos, al contabilizar el 27,6 por ciento; de las que la zona euro representa 19 puntos porcentuales. Las ventas al resto de España alcanzaron el 23,6 por ciento del total. "Dejar la Unión Europea podría dañar a los negocios no solo por una cuestión de tarifas, sino también porque deberían asumir controles administrativos adicionales", añade ING en su informe, en el que también advierte de que las inversiones extranjeras -calcula que un 70 por ciento de las que recibe Cataluña proceden de la UE- y el tráfico de suministros serían otras áreas que podría sufrir un shock.
Menor demanda y empleo
Según el documento, la independencia catalana sería sinónimo de asilacionismo al suponer la exclusión de la UE, por lo que ve "probable" que se produjese una menor demanda externa de bienes producidos en Cataluña y ello repercutiese en menos puestos de trabajo. Tiene en cuenta que el mercado interno, de 7,5 millones de habitantes, no sería suficiente para compensar la pérdida de pedidos exteriores.
Además, ING augura afectaciones en comportamiento del consumo privado de los catalanes, que podría ir "desde una disminución temporal en torno al referéndum, si un plan creíble y viable se define en el primer día, hasta una caída grande y duradera si la región está aislada".
Aunque este ejercicio está siendo mucho más tranquilo en lo que se refiere a traslados de empresas desde Cataluña a Madrid, estos se podrían acelerar si no se despeja pronto si el referéndum unilateral que pretende ser vinculante se celebrará.
Desde enero, de acuerdo con los datos recopilados por elEconomista, movieron su sede social desde la Ciudad Condal hasta la capital madrileña un total de 116 empresas; una cifra significativamente menor a la registrada durante el mismo periodo del año anterior, que coincidió con la investidura de Carles Puigdemont como presidente, en la que se trasladaron un total de 215 compañías.
Aunque el independentismo siempre ha defendido que estos movimientos se deben a razones fiscales, la legislación permite que los cambios puedan ser rápidos y algunas empresas podrían recurrir a esta herramienta ante el miedo a quedarse fuera de la Unión Europea y de la zona euro.
El gobierno español habilitó en 2015 un cambio legal que permite a las empresas cambiar de una comunidad a otra su sede social, si así lo decidía el consejo de administración. Previamente, el acuerdo debía ser aprobado por las juntas de accionistas.
