El curso político ha arrancado en Bruselas con la tercera ronda de negociaciones sobre la salida de Reino Unido de la UE. Pese al optimismo con el que los socios comunitarios se habían ido de vacaciones, la esperanza de avances significativos en las conversaciones de esta semana es tan rácana como el verano en Bruselas.
"Estoy preocupado, el tiempo pasa rápido", reconoció ayer el negociador jefe de la UE, Michel Barnier. "Debemos empezar a negociar con seriedad", urgió, ante lo que percibe como la falta de claridad británica en cuestiones clave como la factura por el divorcio. Por ello, cuanto antes acabe la "ambigüedad", subrayó, antes se empezará a discutir la futura relación, la prioridad de Londres.
Barnier ofrece "intensificar" el proceso en las próximas semanas, pero la distancia entre ambos interlocutores augura una complicada semana. El ministro británico del Brexit, David Davis, sugirió que las siete propuestas presentadas hasta ahora por Londres, ninguna sobre la factura, son detalladas, pero a Bruselas no le sirven hasta hallar solución a los tres pilares iniciales: ciudadanía, frontera con Irlanda y acuerdo para las obligaciones financieras.
Estas últimas son el verdadero enigma. Aunque a los socios les ha parecido insuficiente, Theresa May ha avanzado ya su planteamiento para los europeos afincados al norte del Canal, mientras que la cuestión de Irlanda integra los documentos de trabajo difundidos en las últimas semanas para intentar desbloquear el proceso. La indeterminación, por tanto, no es producto de la casualidad: el Ejecutivo británico sabe que la cuantía que tenga que abonar por la ruptura será el flanco más difícil de vender en casa, donde el sector eurófobo asume un potencial rechazo a la cifra que dé Bruselas.
En consecuencia, el Gobierno se ha lanzado al juego del escondite político para mantener la incógnita acerca de cómo considera que se debería calcular un montante que, por parte comunitaria, se ha cifrado entre 60.000 y 100.000 millones. Su estrategia podría salirle demasiado cara, puesto que si bien le permite retrasar una de las decisiones más complicadas, tiempo no es, precisamente, lo que le va a sobrar en un proceso que debería concluir en marzo de 2019.
De momento, lo que ha logrado es aumentar la frustración de sus todavía socios, entre quienes la exasperación crece ante la contradicción de un Reino Unido que, por una parte, elude uno de los elementos inevitables para permitir la siguiente fase de las conversaciones, el establecimiento de la factura, pero, por otra, no deja de presionar por iniciar ya las discusiones sobre la futura relación. La maniobra pretende forzar a la UE a dar primero su cifra, de modo que permita una comprobación línea a línea, pero la paciencia comunitaria podría agotarse si Londres mantiene la indeterminación.
Las asociaciones empresariales de Reino Unido y Alemania han aumentado la temperatura política al demandar que los intereses económicos sean la prioridad de las negociaciones del Brexit. Las Cámaras de Comercio Británicas y la asociación de las de Alemania se han unido para demandar en un comunicado conjunto soluciones en "cuestiones críticas en materia de negocios", como los derechos de los trabajadores, o los arreglos de aduanas, que deben afrontarse de inmediato.
