La consecuencia más llamativa de la devastadora sequía que afecta a Italia ha sido el cierre de las fuentes de la capital, Roma, y la amenaza de cortes de agua para 1,5 millones de viviendas en esta ciudad italiana. Sin embargo, la ausencia de lluvia -la más prolongada en 200 años según reconocen las propias autoridades transalpinas- está pasando factura no sólo a la capital sino a toda la economía.
Un total de 10 regiones italianas se preparan para solicitar el estado de calamidad natural debido a la falta de agua y a la brutal plaga de los incendios, en un desastre sin precedentes que ya ha empezado a cuantificarse. La asociación de agricultores Coldiretti anuncia que los daños podrían superar, a día de hoy, los 2.000 millones de euros.
De hecho, la sequía está afectando a las empresas agrícolas desde Trentino, región al lado de Austria, hasta Sicilia: según Coldiretti dos de cada tres fincas no tienen agua suficiente. En el Lago di Garda, el más grande del país, el agua alcanza en el mejor de los casos apenas el 34,4% de la capacidad, mientras que el río Po, el principal de toda Italia, está 3,5 metros por debajo de su caudal cero. Según la asociación Coldiretti, la falta de agua, incluso en los ríos y los lagos más grandes, impide a los agricultores regar los campos, una situación que pasa factura también a la ganadería: en las Alpes de Lombardia, otra región norteña a la frontera con Suiza, el forraje disponible ha caído un 20%, mientras en toda Italia la producción de leche ha bajado en torno a un 15%.
El 'Estado de calamidad'
La solicitación del Estado de calamidad sirve para evitar la quiebra de las empresas del sector: en situaciones como esta se congela durante un tiempo el pago de las hipotecas y de la cotizaciones a la seguridad social, mientras los agricultores pueden beneficiarse de un fondo para compensar los daños. Sin embargo se trata de poner un parche a una situación que, en realidad, tiene otras causas muy diferentes y de caracter estructural.
Si de un lado es imposible prever con antelación una calamidad de ese tipo, del otro el verdadero problema de Italia es la falta crónica de inversiones en infraestructuras para el suministro del agua, algo que también se debate a día de hoy en España por los problemas de los regantes en la cuenca del Júcar, que cada verano reclaman trasvases de otros ríos más caudalosos sin que los dos grandes partidos políticos, PP y PSOE, se pongan de acuerdo en las soluciones.
De vuelta a Italia, en 2013 un informe del Ministerio de Infraestructuras y Transporte indicaba que había en todo el país 155 grande presas que necesitaban una ampliación urgente así como mejoras en su seguridad, un tema clave en un país que todavía recuerda el derrumbe de la presa de Vajont, que en 1963 se cobró la vida de 2.000 personas.
Problemas muy graves
Sin embargo, admite el Ministerio en otro informe realizado el año pasado la falta de recursos y la "escasa adecuación técnica y administrativa" de las compañías que se hacen cargo de las instalaciones, han parado durante años cualquier renovación, sin importar el signo político del Gobierno. En 2016, este Departamento aprobó un plan para mejorar 100 embalses para la irrigación, limpiándolos y aumentando su capacidad, con una inversión total de 300 millones de euros, una cantidad aún demasiado baja respecto a las necesidades reales y siempre con la vista en las maltrechas finanzas transalpinas.
El cambio climático y el aumento del consumo de agua imponen a Italia una modernización de la red nacional de presas, que a día de hoy tiene una edad media de casi 60 años. Mala gestión y falta de inversiones son problemas que afectan no solo la irrigación (que cubre el 51% del consumo nacional de agua) sino también a los acueductos que llegan a las viviendas (20% del consumo, frente al 21% de la industria).
Según el Instituto nacional de estadística Istat, los acueductos italianos despilfarran una media del 40% de agua que transita a través de ellos. La culpa es de las compañías de gestión que, egún los datos recién publicados por el diario económico Il Sole 24 Ore, invierten muy poco: 34 euros per capita cuando los otros grandes países europeos gastan el triple e incluso, en ocasiones, el cuádruple, entre 80 y 130 euros.
El debate sobre los problemas de la red de acueductos estalló en 2011 cuando Italia celebró un referéndum sobre la privatización de la gestión del agua. Los partidarios de la privatización indicaban en las compañías publicas el origen de la mala gestión, vinculada también al bajo coste del servicio. Los promotores de la consulta (que ganaron consiguiendo derogar la ley que imponía subastar el servicio hídrico) defendían el acceso universal al agua y echaban la culpa sobre los beneficios a las empresas privadas que, en varias ciudades, habían subido los precios pero sin subir la inversión.
El ejemplo perfecto de los problemas, tanto de la gestión privada como de la pública, es Acea, la compañía que gestiona los recursos hídricos de la capital. La compañía, que cotiza en la Bolsa y tiene entre sus socios el Ayuntamiento de Roma, el grupo francés Suez y el grupo de construcciones Caltagirone, dio entre 2011 y 2016 a sus accionistas 381 millones de euros en dividendos.
Entre 2012 y 2015 sin embargo Acea invirtió en la red 577 millones, 375 menos de lo que habia prometido en su plan industrial. Una falta que parece imperdonable mientras la principal ciudad italiana vive bajo la amenaza latente de cortes de agua.
