El Gobierno ha dado ya el primer paso para asumir la gestión de las nueve autopistas de peaje en quiebra que, presumiblemente, revertirán al Estado a lo largo del primer trimestre de 2018. Así, el Ejecutivo aprobó el viernes en Consejo de Ministros que las autovías quebradas se integren en la Sociedad Estatal de Infraestructuras Terrestres (Seittsa), que se encargará de su explotación hasta que se adjudiquen a una empresa privada a finales del año que viene. Un acuerdo que busca minimizar el impacto en el déficit del rescate, pero que no suaviza el conflicto que el Gobierno tiene abierto con las actuales concesionarias y, por extensión, con fondos que compraron la deuda de las autopistas. Un enfrentamiento que, previsiblemente, acabará en los tribunales.
Y es que, a pesar de los fondos han dado la "bienvenida" al plan de reversión, critican que "llega demasiado tarde" y recuerdan que el Gobierno ya tendría que haber fijado y pagado la indemnización o RPA (Responsabilidad Patrimonial Administrativa) de las autopistas en liquidación, que por ley tiene que abonar a los actuales dueños de las concesiones por quedarse con los activos antes de la finalización del plazo de explotación. Así, los fondos han exigido al Ejecutivo que empiece cuanto antes a fijar y pagar las RPA, porque se está saltando los plazos que presuntamente fija la ley. Unos retrasos que, según estas empresas, "devengan intereses de mora" sobre la indemnización, "encareciendo el coste final al ciudadano".
Según explican los fondos, el Gobierno ya tendría que haber calculado y pagado la RPA de AP-36 (autopista Ocaña-La Roda) porque hace más de nueve meses que entró en liquidación y ya debería haber fijado la indemnización de la autovía Cartagena-Vera, de la circunvalación de Alicante, la autovía del aeropuerto de Barajas (M-12) y de la R4, que ya han entrado en la fase de liquidación. El resto de las autopistas (R3, R5, R2 y AP-42) están en convenio de acreedores.
Y es que, según explican los fondos, la entrada en liquidación supone la resolución automática de las concesiones y la obligación de determinar la RPA en un plazo de seis meses, "situación que para la mayoría de las autopistas ya ha ocurrido". A su vez, recuerdan que el pago de la RPA se tiene que realizar dentro de los tres meses siguientes a su determinación, esto es, como máximo nueve meses después de la entrada en liquidación, un plazo que muchas concesiones están cerca de cumplir.
Pese a las exigencias de los fondos, el Gobierno todavía no ha calculado el coste de la RPA, pero asegura que será sustancialmente inferior al máximo de 3.400 millones calculado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y no prevé anunciarlo hasta que se resuelvan los procesos de liquidación y convenio de todas las autopistas y que pasen a manos del Gobierno.
A su vez, desde el Ministerio de Fomento dan por hecho que los fondos tenedores de la deuda no van a estar de acuerdo con la indemnización que fije el Gobierno en base a la legislación actual, por lo que el proceso terminará en los juzgados.
Aunque los propietarios de la deuda de las radiales ya están exigiendo que se agilice el cálculo y el pago de las RPA, también han querido dejar la puerta abierta a que se llegue a un acuerdo que resuelva el problema. Una declaración que más bien es un brindis al sol, ya que las negociaciones con el Ministerio de Fomento se rompieron hace meses y se descarta cualquier tipo de acercamiento.
