La salida de España del procedimiento por déficit excesivo el año próximo puede tambalearse por las cesiones del Gobierno a partidos políticos, comunidades autónomas y funcionarios en la carrera del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, por ganarse apoyos suficientes para sacar el techo de gasto y aprobar los Presupuestos de 2018.
En apenas una semana, los incrementos de gasto prometidos se vienen sucediendo sin freno: rebaja del IRPF por valor de 2.000 millones; una décima extra de déficit para comunidades autónomas; la Oferta Pública de Empleo (OPE) del Estado más generosa desde el año 2008; y, por último, la sorprendente sugerencia de Montoro de alinear las subidas salariales a funcionarios con el crecimiento del PIB y no del IPC, más moderado.
Todo ello cuando dejar el desvío de este año en el 3,1% puede resultar complicado, como reconoce la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Más allá de los problemas que pueden existir con los ingresos por cotizaciones y por IRPF, "en algún momento aparecerán la devolución del céntimo sanitario o el problema de las autopistas de peaje", tal y como recordó en un reciente foro el presidente de este organismo, José Luis Escrivá.
Si a la posibilidad de desviarnos del objetivo anual en unas décimas le sumamos lo prometido por Hacienda para el próximo año, cabe concluir que, de nuevo, España puede incumplir los límites pactados con Bruselas, fijados nada menos que en el 2,2% del PIB. Nadie, sólo el Gobierno, confía en alcanzar esa cota, si bien Moncloa juega sabiendo que la presión comunitaria puede aflojar siempre y cuando ese desfase baje del 3%. Aunque sea al 2,94%.
Lo que está claro es que, respecto a 2018, el Ejecutivo se ha limitado a anunciar únicamente aumentos del gasto y ha evitado concretar ajustes. Y ello confiando en privado a otras formaciones políticas que "la recaudación puede no crecer el año que viene más de un 5 o un 6%", lo que otorgaría un margen claramente insuficiente como para financiar todos los pactos contraídos en estas fechas.
Promesas millonarias
Por ahora, de cara a 2018 habrá que tener en cuenta un incremento del gasto en pensiones de al menos 4.500 millones, en línea con lo sucedido en los últimos ejercicios. Todo ello sin que el Pacto de Toledo haya, siquiera, acordado un documento de conclusiones para afrontar el déficit de la Seguridad Social, superior a los 17.000 millones.
Una Seguridad Social a la que además se le va a arrebatar una décima de margen para dárselo a las autonomías, que podrán acumular un desvío del 0,4% frente al 0,3% impuesto previamente. El Ejecutivo insiste en que el crecimiento del empleo y el aumento de las cotizaciones irán cerrando el agujero del sistema, pero parece difícil que avanzando los ingresos a un ritmo del 4,7% hasta mayo, la mejora pueda servir para cubrir el aumento de gasto en pensiones y aliviar el déficit. Al menos, por ahora.
Mientras, las regiones contarán con un colchón extra de 1.000 millones en un momento en el que Hacienda, como confirmó Montoro, permitirá "reinvertir el superávit" en proyectos sostenibles. Todo ello para ganarse el apoyo al techo de gasto de la diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas. Está por ver el efecto de esta medida teniendo en cuenta que el año pasado ni una sola región logró más ingresos que gastos, pero si en 2017 hay alguna que lo logra, podría perjudicar a las que están en peor posición financiera (especialmente el Arco Mediterráneo y Extremadura).
En la lista de incremento de gastos el Ejecutivo ha pactado con Ciudadanos una rebaja del IRPF con un coste de 2.000 millones, si bien los negociadores recuerdan que bajar impuestos puede repercutir positivamente en el consumo y, por ende, en la recaudación de otros tributos como el IVA.
Y por último está el capítulo de los funcionarios, para el que Montoro dejó ayer el titular más novedoso. "La negociación salarial moderna debe tener otros elementos y otros compromisos con el propio crecimiento y la competitividad de la economía española", señaló, deslizando que el incremento de sueldos puede terminar referenciado al PIB, que el año que viene avanzará al menos el 2,7%.
Casi 30.000 plazas
El titular de Hacienda ofreció ayer los datos definitivos de la "histórica" Oferta de Empleo Público (OEP), con más de 28.200 plazas, cuyo coste está por desgranar. Más de 6.000 se aprobaron a finales de marzo para respetar los calendarios del ámbito docente y de las Fuerzas de Seguridad. Otras 3.800 saldrán adelante el martes en el Congreso a través de Oferta Extraordinaria, para reforzar, en 24 meses, la Agencia Tributaria, el SEPE, el IGAE, la Seguridad Social y la Dirección General de Tráfico.
La OEP se completa con otras 10.000 plazas ordinarias para reforzar la Administración del Estado, especialmente el ámbito judicial, y otros 7.800 puestos de promoción interna, especialmente celebrados por CCOO, UGT y CSI-F. Así hasta llegar a la Oferta más jugosa desde la aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, con la burbuja económica coleando.
