El Gobierno nunca estuvo tan atado de manos presupuestariamente hablando como este año desde que empezó el siglo XXI. Según los cálculos de Raymond Torres, director de coyuntura de Funcas, una vez pagados los intereses de la deuda y las prestaciones sociales, al Ejecutivo sólo le queda la posibilidad de decidir sobre una parte del presupuesto equivalente al 20,7% del PIB, ya que el resto está comprometido antes de empezar el año.
Con esto, el gasto no comprometido bajará por quinto año consecutivo y se alejará aún más de las cifras que se manejaban en 2009, cuando el Gobierno podía decidir qué hacer con un gasto equivalente al 26,8% del PIB, según las estimaciones de Torres en base a datos de contabilidad nacional. Es decir, en menos de una década, el Gobierno ha perdido capacidad de decisión sobre más de 6 puntos del presupuesto, es decir, sobre unos 60.000 millones de euros.
Es decir, teniendo en cuenta que el gasto público total de España es de poco más del 40% del PIB (según las previsiones de Hacienda, será de 481.610 millones este año), el Gobierno apenas puede decidir qué hacer con la mitad del presupuesto.
Por gasto no comprometido se entiende el que previamente no tiene un destino que no se puede modificar, por ello incluye todo lo que no son prestaciones sociales (pensiones, desempleo y gasto hospitalario, fundamentalmente) y gasto en intereses. Estas partidas ya suponen casi la mitad del presupuesto, aunque en realidad el gasto comprometido es mucho mayor ya que también habría que añadir otros cinco puntos del PIB, aproximadamente 50.000 millones de euros, que cuesta pagar a los empleados de las administraciones públicas. Es decir, de los 481.000 millones de euros que gastará este año, no podrá decidir sobre 240.000 millones.
Pero si añadimos los cinco puntos del PIB que suponen los sueldos públicos (unos 55.000 millones), la capacidad de decisión de la administración sobre el presupuesto bajaría al entorno de una tercera parte. Así, este gasto no comprometido (que incluiría la inversión en infraestructuras, ciencia, sanidad o educación) cada vez quedaría más estrujado.
Según Torres, el principal riesgo de esta situación es perjudicar a la evolución de la economía. En su opinión,el gasto no comprometido es el "que sirve de sustento a las políticas de crecimiento a largo plazo" y nunca había alcanzado niveles tan bajos. En 2016, representó el 21,4% del PIB, mínimo de la serie histórica.
El incremento de la deuda y el aumento del gasto en protección social derivado del aumento de las pensiones serían las principales razones para que el gasto comprometido fuera ganando terreno al no comprometido. El incremento del gasto en pensiones hará que la protección social supere los 200.000 millones de euros en 2020.
Previsible caída del gasto no comprometido
En los próximos años, Torres espera que la evolución sea a la baja, es decir, el gasto no comprometido previamente será menor que ahora, salvo que se incremente el volumen total de gasto público, algo poco probable. El envejecimiento de la población "empujará al alza el gasto en pensiones y hospitalario" y también es previsible "un incremento del gasto en intereses de la deuda a partir de finales del año que viene debido a que la retirada de estímulos del BCE elevará el coste de financiación del Estado". Así, la única partida que podría bajar sería el gasto en prestaciones por desempleo, pero lo hará en menor medida y no compensará la subida del resto de partidas.
Otra consecuencia del elevado endeudamiento es, según Raymond Torres, "la de constreñir las políticas que necesita el país en materia de educación, la ayuda a la inserción de los parados, investigación y desarrollo, inversión y sociedad digital". En su opinión, esta situación dificultará la convergencia de España con otros países de la zona euro.
El elevado nivel de deuda de España, que superó el 100% del Producto Interior Bruto (PIB) hasta marzo, no sólo pone en riesgo el crecimiento a largo plazo de España, sino que también hace que sea más vulnerable. Según Torres, en Europa, sólo Chipre, Grecia, Portugal, Bélgica e Italia tienen pasivos públicos más elevados, con una diferencia: "en el caso de estos dos últimos países, los acreedores son sobre todo residentes, mientras que para España una proporción elevada de los títulos de deuda están en manos extranjeras. Algo que, de facto, expone el país a mayores turbulencias".
