La crisis y sobre todo la necesidad de reducir el déficit se han cebado con el gasto productivo a lo largo de los últimos años. En 2017 esta tendencia no solo se mantiene, sino que además la inversión pública marca su nivel más bajo en relación al PIB de toda la serie, el 2,09%. Un panorama que por territorios se traduce en que en trece de las diecisiete comunidades autónomas el nivel de inversión por habitante cae a menos de la mitad desde 2003.
La inversión pública en relación al PIB marcó su máximo en 2009 a causa del Plan E puesto en marcha por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Se situó, en concreto, en el 5,1%. Para el año 2015 había descendido ya al 2,5%. La cota a la que queda relegada los últimos años nos sitúa prácticamente a la cola de la Unión Europea: tan solo por detrás de Irlanda (2%) y al mismo nivel que Chipre, de acuerdo con los últimos datos publicados por Eurostat, la oficina de estadística comunitaria.
Es un hecho que dentro del gasto total de las Administraciones el destinado a inversión sale especialmente mal parado y cae con mayor intensidad de 2010 a 2014. En un informe, la Fundación BBVA y el Ivie calculan que su peso se redujo a menos de la mitad entre 2007 y 2016, al pasar en ese periodo del 12 al 4,8%.
Entre 2010 y 2014 España tuvo que aplicar un tijeretazo de 36.000 millones de euros para poder reducir su déficit del 9,2 al 5,8%. El problema es que nuestro país debe mantener este año y a futuro el esfuerzo de consolidación si quiere salir del Procedimiento de déficit excesivo abierto por la Comisión Europea.
El déficit y el ajuste pendiente
"El cumplimento de los objetivos de déficit representa un obstáculo para recuperar los niveles de inversión pública previos a la crisis" sostiene Almudena Semur, gerente del Instituto de Estudios Económicos. Recuerda que pese a que en materia de infraestructuras contamos con una excelente dotación de carreteras, líneas de Alta Velocidad, puertos y aeropuertos, España tiene carencia inversora en otros sectores "prioritarios" como son el mantenimiento de infraestructuras, el transporte de mercancías, la logística, la sanidad, o la educación, entre otros. Estos "requieren un esfuerzo inversor en los próximos diez años entre 38.000 y 54.000 millones de euros anuales", calcula Semur.
Una opinión parecida expresa Javier Santacruz. El investigador de la Universidad de Essex hace hincapié en que otro de los motivos evidentes del recorte de la inversión es el cortoplacismo que rige las decisiones de los ejecutivos actuales. "Ante un acortamiento tan evidente de los ciclos políticos, a ninguno le interesa invertir en una obra que probablemente no inaugure él mismo. Lo que quiere el político actual es maximizar el rédito electoral con gastos que sean de aplicación inmediata y no tener que esperar 6, 8 o 10 años hasta inaugurar una gran obra civil", apunta.
Según cálculos de Fedea, el impacto de la crisis en la inversión pública ha aumentado un 39% las desigualdades regionales en dotación de capital público por habitante. Desde los años del boom, el volumen de inversión real por habitante se reduce a menos de la mitad en todo el país, pero también en trece de las diecisiete autonomías. El problema, tal y como señalan desde la fundación es que a nivel autonómico esto puede comprometer la calidad de los servicios públicos y va a exigir un ajuste del gasto corriente adicional.
Según sus cálculos, País Vasco es la autonomía que menos recorta la inversión entre 2003 y 2016, seguida de Cataluña. En el lado opuesto se sitúan Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Navarra y Canarias.
Son numerosos los organismos que han alertado sobre los niveles tan bajos de inversión en nuestro país. Entre ellos se encuentran la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) o el propio Banco de España.
Posibles soluciones
Durante una comparecencia celebrada en el Senado la pasada semana el gobernador, Luis María Linde, explicó que la inversión pública ha sido "la partida de ajuste más clara de los últimos años" en nuestro país. Así, de los 6,5 puntos que se redujo el déficit entre los ejercicios 2009 y 2016, la mitad fue a costa de la inversión pública. "Esto nos indica claramente que hay que corregirlo y que, cuanto antes, nuestra inversión pública se recupere", señaló Linde en la Comisión de Presupuestos.
Entre las posibles soluciones a este desafío, hay quienes como Almudena Semur ven más necesario que nunca "encontrar formulas de colaboración público privada con el objeto de incrementar la inversión pública sin aumentar la deuda pública".
