El grupo de sabios que trabaja en la reforma del nuevo modelo de financiación prosigue los trabajos para poder entregar un borrador de propuesta al Ministerio de Hacienda antes del próximo 10 de agosto. Los expertos, que tienen previsto reunirse de nuevo esta semana para cerrar más aspectos del borrador definitivo, son partidarios de aplicar un mínimo común de tributación en Sucesiones y Donaciones que ponga fin a la competencia existente actualmente entre territorios. La idea iría en línea con la armonización fiscal que han venido solicitando al Gobierno Central autonomías como Andalucía o la Comunidad Valenciana, entre otras.
Según las fuentes consultadas por elEconomista, la fórmula que los sabios pretenden plasmar en su texto es que las comunidades autónomas solo puedan tener la capacidad de cambiar los tipos o las deducciones en este tributo, pero que tengan que ceñirse a un mínimo común de tributación.
Esta no es una propuesta nueva. De hecho, la conocida como Comisión Lagares (a la que Hacienda encomendó la elaboración de una propuesta de reforma fiscal en 2013) ya recomendó imponer un mínimo exento común en Sucesiones para toda España entre 20.000 y 25.000 euros. Al mismo tiempo apostaban por establecer un tipo de gravamen entre el 4 y el 5% para las herencias entre familiares directos (cónyuges, hijos y ascendientes).
Actualmente las diferencias en la tributación de Sucesiones y Donaciones entre autonomías son notables, y van desde las que ostentan los tipos más altos (Andalucía, Asturias o Extremadura) a otras que, como Madrid, tienen bonificado el 99% de este impuesto.
De acuerdo con los últimos datos disponibles, sólo Madrid, Andalucía y Cataluña acaparan el 54% de la recaudación de este tributo, que ascendió a algo más de 2.900 millones el año pasado en todo el territorio nacional, excluyendo País Vasco. En 2016, cada una de las tres autonomías ingresó unos 500 millones por este concepto.
Al margen de los cambios citados en Sucesiones y Donaciones, el grupo de sabios considera que el Ejecutivo de Mariano Rajoy debería dotar a las comunidades autónomas con recursos adicionales en el modelo que se comprometieron a que entrase en vigor en 2018. No defienden que estos recursos deba aportarlos el Estado, sino que defienden la necesidad de aprobar cambios a nivel tributario que permitan a las regiones contar con más margen de ingresos para llevar a cabo las políticas que les han sido transferidas. Este punto supone un escollo importante con los representantes del Ministerio en la misma comisión, quienes defienden que el próximo sistema deberá contar con los mismos recursos.
Acuerdos pactados
Hasta la fecha, el grupo de la financiación ha pactado, entre otras medidas, la creación de un IVA colegiado que dé a las comunidades autónomas la capacidad de poder proponer al Gobierno de forma consensuada una subida de IVA. La clave está en que este alza repercutiría íntegramente en las arcas regionales. También existe consenso para crear un fondo de emergencia, al estilo del actual Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Aval al copago farmacéutico
El Tribunal Constitucional ha dado su aval al "copago farmacéutico" decretado por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012 dentro del Real Decreto de Medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. El Gobierno vasco recurrió el decreto al considerar que invadía competencias autonómicas. En principio, la sentencia parece que no afectará al sistema de compensación de los 'copagos' que existe en Euskadi, ya que se tramitan como ayudas sociales para las rentas más bajas.
