La proliferación de los apartamentos turísticos preocupa a ciertos ayuntamientos españoles. El último en pronunciarse ha sido el de Valencia, cuyo alcalde, Joan Ribó, ha abogado por aumentar el IBI a este tipo de inmuebles que se alquilan vía Airbnb u otras plataformas similares. Las ciudades estudian cómo parar los pies a la proliferación de viviendas turísticas.
Además, Ribó ve imprescindible que haya una regulación a nivel estatal que permita que a aquellos apartamentos que desarrollan actividad turística se les pueda aplicar "impuestos de carácter específico". "Nos preocupa porque está suponiendo que en barrios de Valencia como El Carmen o Russafa está desplazando a personas que están en alquiler y el aumento de precios y les está tirando fuera", indicó el edil valenciano.
De llevarse a cabo, el Ayuntamiento de Valencia sería el primero en ajustar el IBI a este tipo de viviendas. Barcelona, una de las urbes más preocupadas por esta problemática, ha anunciado otras medidas aunque en distinta dirección.
La alcaldesa de la Ciudad Condal, Ada Colau, anunció recientemente sanciones a las plataformas Airbnb y HomeAway con 600.000 euros a cada una por seguir anunciando pisos turísticos sin licencia. El consistorio aseguraba que ambas empresas habían ignorado el primer requerimiento de la administración para que dejaran de anunciar pisos turísticos ilegales y facilitaran los datos de estos alojamientos, por lo que ya se les impuso una sanción de 30.000 euros a cada una.
Madrid también se pronuncia
Otros ayuntamientos también se muestran inquietos ante este escenario. Recientemente el Ayuntamiento de Madrid anunció que estaba buscando un acuerdo con Airbnb, HomeAway y otras plataformas para establecer un tope máximo de días en los que estas viviendas podrían ponerse en alquiler al año, como ya se hace en Ámsterdam o Nueva Orleans, e implantar una tasa.
Este "memorandum de entendimiento", como lo ha definido el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, busca "que no se monten negocios fuera de la actividad reglada", la de los hoteles y apartamentos turísticos. Conseguir "que no se monten hoteles encubiertos" de la mano de las viviendas turísticas se podría lograr con este acuerdo con las plataformas, basado en tres pilares.
El primero se basa en garantizar que sólo quien sube la vivienda a la plataforma en cuestión es quien vive en ella, lo que se conseguiría con un sencillo certificado de empadronamiento. "Que no haya intermediarios ni nadie que se compre 17 casas para ponerlas como vivienda turística", ha explicado el concejal.
La segunda columna del acuerdo con las plataformas que ofertan viviendas turísticas pasaría por fijar un plazo máximo temporal, de modo que no pueda ofertarse un piso durante todo el año dado que entonces debería regirse por la Ley de Arrendamientos Urbanos. "Planteamos que se establezca un tope de días, 60, 120, los que sean. Nos basaremos en la referencia de otras ciudades pero la referencia de 60 días me parece bien", ha indicado Calvo.
