El Estado va a dedicar este año, vía Presupuestos, más de 37.265 millones de euros al pago de las pensiones, casi una cuarta parte de los 156.639 millones de euros que las Administraciones van a desembolsar para el abono de las pagas por jubilación, viudedad, orfandad, a favor de familiares, discapacidad y Clases Pasivas (el régimen de pensiones por el que se rigen los antiguos funcionarios). Eso se traduce en el hecho de que, con las características actuales, la Seguridad Social ya no es capaz de afrontar el pago de una de cada cuatro pensiones en nuestro país. Si quiere una buena pensión, debe ahorrar ya el 10% de su sueldo.
Pero, ¿por qué el sistema ya no puede cubrir un 25% de sus compromisos? Hay varias razones que lo explican. El primero, y más claro, es el de su propio déficit, que a cierre de 2016 y según datos del Ministerio de Empleo se situaba levemente por encima de los 17.000 millones de euros. La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) lleva advirtiendo más de un año y medio que el crecimiento del empleo y el avance del PIB, del 3% interanual, no son suficientes para cubrir ese agujero. Es un déficit "latente", y por eso urgen al Pacto de Toledo a presentar ya una reforma que termine con los problemas.
Mientras esa reforma no llega, el Gobierno ha tenido que reflejar en el proyecto de Presupuestos 2017 la necesidad de conceder un préstamo de hasta 10.192 millones a la Seguridad Social. Algo inédito desde los años 90, con la intervención del Tesoro en los mercados para captar un dinero que sin duda computará en deuda pública. Solo los 15.000 millones que aún quedan en la 'hucha de las pensiones' evitarán que la cantidad a captar se eleve, efectivamente, hasta esos 17.000 millones de déficit entre ingresos y gastos.
Pero hay más. El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, explicó la pasada semana en comparecencia parlamentaria que la Administración Central inyectará otros 13.073 millones en la Seguridad Social para abonar los complementos a mínimos de más 2,4 millones de pensionistas. Burgos explicaba, de esa manera, que entre el préstamo anti déficit y los complementos a mínimos, el rescate del Estado al pago de las pensiones cubriría algo más del 16% de las necesidades totales, de algo más de 142.000 millones según los Presupuestos.
Faltan las Clases Pasivas
Burgos, según los datos disponibles, fue fiel a los números. Pero olvidó, como sucede casi siempre, las obligaciones respecto al millón de antiguos trabajadores del sector público (civiles y militares) que se rigen por el sistema de Clases Pasivas, del que también son benefactores las víctimas del terrorismo, mutilados de guerra o personas afectadas por el VIH. Cada mes, el Estado desembolsa una cantidad cercana a los 1.000 millones de euros para satisfacer sus pensiones, tal y como ponen de relieve las estadísticas de Empleo. Las Cuentas Públicas reflejan un presupuesto total de 13.994 millones durante todo 2017, cantidad que sumada a los 10.192 millones del préstamo y los 13.079 millones para complementos a mínimos, da como resultado ese total de 37.265 millones de euros, un 24% sobre el coste total de las pensiones.
A este respecto cabe decir que los 13.994 millones no se pueden ni se deben computar al déficit de la Seguridad Social, pues las Clases Pasivas se abonan a través del Presupuesto del Estado desde hace más de veinte años. Sin embargo, es un hecho que la Administración Central, y no el sistema de Seguridad Social (del que también dependen las prestaciones por desempleo) aporta ya una cuarta parte de los recursos necesarios para satisfacer los derechos adquiridos por beneficiarios de pensiones.
Este aspecto es clave para valorar, en el seno del Pacto de Toledo, si extraer Viudedad y Orfandad de la Seguridad Social (ambas, en conjunto, están dotadas con algo más de 19.000 millones) y cargar esa losa sobre Presupuestos solucionará los problemas reales del sistema de pensiones. El déficit simplemente se trasladará de esfera administrativa, y por ello la AIReF y otros organismos -públicos y privados- demandan una reforma integral que aborde la financiación a corto, medio y largo plazo.
Una reforma que, además, urge cada día un poco más, dado que ya 40,7 euros de cada 100 de los Presupuestos se dedica ya al pago de las pensiones, con un incremento del gasto que superará el 3,1% de aquí al año 2020 (lo reconoció el ministro Luis de Guindos en el último Consejo de Ministros); con una tasa de sustitución que en el caso de los jubilados del Régimen General se eleva ya al 94%; y con la amenaza, cada vez más cercana, del retiro masivo de la generación del llamado 'baby boom'.
