El retraso en la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017 ha dejado en el aire 59.000 plazas de funcionarios, que no serán cubiertas hasta que el Gobierno logre el apoyo parlamentario al proyecto, algo que, previsiblemente, no sucederá hasta finales del próximo mes de junio. Entre los colectivos más afectados, los opositores a puestos en organismos locales: a día de hoy, permanecen bloqueados hasta 20.000 empleos en ayuntamientos y diputaciones. La subida salarial del 1% para los funcionarios no llegará hasta junio.
El pasado 31 de marzo, el Ejecutivo aprobó un decreto para adelantar 7.969 plazas de la Oferta de Empleo Público (OEP) de 2017 -que alcanzará la cuantía histórica de 67.000- en los ámbitos de Educación, Fuerzas Armadas, Policía y Guardia Civil, en la Administración del Estado y la autonómica.
Además, para que los profesores lleguen a tiempo de incorporarse al próximo curso, la normativa desvinculó de la Ley de Presupuestos la tasa de reposición del personal docente y habilitó a las comunidades autónomas para convocar oposiciones para 11.500 plazas en el ámbito educativo antes del verano.
En concreto, según los cálculos de Hacienda, se alcanzarán las 10.000 en el ámbito educativo no universitario y otras 1.500 para profesores universitarios. Sin embargo, y a pesar de que el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, aseguró que Cataluña, País Vasco, Galicia, Andalucía, Madrid y Baleares anunciarían su próxima convocatoria de estas plazas, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) lamentan que "hay comunidades autónomas que todavía no han garantizado las oposiciones en Educación". "Ya no hay excusa", comentan fuentes del sindicato. "Hace unas semanas, las regiones reclamaban al Gobierno unos Presupuestos para poder lanzar el empleo público, ahora ya hay un proyecto, deben desarrollar la letra pequeña de la oferta sin demora", apremian las mismas fuentes.
No en vano, el Ejecutivo cedió a la presión sindical al convocar de manera urgente la oferta de empleo que afecta a un sector, el de la educación, considerado prioritario. Por ello, ahora CSI-F urge a los Gobiernos autonómicos a que desarrollen la convocatoria de oposiciones antes de la aprobación de los PGE.
Otro gallo canta para las 59.000 plazas que no verán la luz, como pronto, hasta finales de junio. Las Cuentas acaban de iniciar el trámite parlamentario y, aunque superen el primer escollo de las enmiendas a la totalidad previsto para la primera semana de mayo, la tramitación en comisión supondrá que no puedan aprobarse hasta dentro de dos meses.
En el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2017 se encuentra incluida una OEP histórica: 67.000 nuevas plazas (19.000 en la Administración General del Estado, 28.000 en las comunidades autónomas y 20.000 en las entidades locales) y la conversión en indefinidos de 250.000 trabajadores interinos.
Pero esta oferta inédita peligra si el Gobierno finalmente no logra el apoyo necesario para sacar adelante el proyecto en el Parlamento. "Apelamos a la responsabilidad de los grupos políticos para aprobar los PGE y, con ellos, la mayor oferta de empleo público de la democracia", reclama CSI-F, que pide "celeridad, transparencia e igualdad" entre las autonomías.
