El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017 contempla una subida salarial del 1% para los 2,5 millones de funcionarios, trabajadores interinos, eventuales y el personal de las tres Administraciones, según acordó el mes pasado la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas. El retraso de los Presupuestos deja en el aire 59.000 plazas de funcionarios.
Una oferta que de ninguna manera satisface a los representantes sindicales del sector y que, al igual que la Oferta de Empleo Público (OEP), no se materializará hasta la aprobación de los Presupuestos, previsiblemente, en junio.
No obstante, el incremento tendrá carácter retroactivo, por lo que empezará a aplicarse desde enero de este año. La fórmula para hacerlo dependerá de cómo marche el trámite presupuestario. Si para el verano España cuenta ya con unas Cuentas aprobadas para este ejercicio, el alza de los primeros seis meses de 2017 se incorporará a la paga extraordinaria que los funcionarios y empleados públicos reciben en junio. El resto irá prorrateada hasta finales de año.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F) mantuvo este martes una reunión con el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso con el fin de mejorar el proyecto de PGE para 2017 en materia de Administraciones Públicas, y le trasladó la necesidad de que el salario de los funcionarios crezca por encima del 1% previsto.
Pérdida de poder adquisitivo
En este sentido, el presidente del sindicato, Miguel Borra, defendió ante los diputados Ana Madrazo y Eduardo Martín-Toledano, portavoz y vocal, respectivamente, del PP en la Comisión de Hacienda y Administraciones Públicas, la necesidad de revisar al alza esta subida del 1 por ciento y la petición de incluir una cláusula de revisión salarial en los Presupuestos de 2017, con el fin de no perder poder adquisitivo en el presente ejercicio.
Asimismo, CSI-F reclama la recuperación paulatina, en un plazo de tres años, de la estructura salarial previa a 2010, cuando se produjo la primera rebaja de sueldo de los funcionarios, con el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero.
