El Gobierno de Nicolás Maduro esconde un objetivo de fondo, estratégico y con importante trasfondo económico, tras lo que muchos han calificado como autogolpe: facilitar las inversiones extranjeras en la vapuleada industria petrolera venezolana, actualmente afectada por la falta de liquidez, en un momento en el que el país afronta serias dificultades para hacer frente a sus vencimientos de deuda.
La decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela de asumir las competencias de la Asamblea Nacional, controlada por la oposición, desencadenó un debate sobre las implicaciones políticas e institucionales que opacó el que podría haber sido el motivo principal de Maduro tras esta decisión. "El debate se concentró en el punto 4.4 de la Sentencia 156 de 29 de marzo (ver imagen), que despoja al Congreso de sus competencias, pero ese punto era casi un agregado", sostiene el analista internacional Andrei Serbin Pont, quien denuncia que la polémica de fondo en el fallo, "no se tocó".
En efecto, tras dos días de crisis interna y presión internacional por el repudiado golpe de Estado institucional, el TSJ, a petición de Maduro, emitió dos nuevas sentencias que devolvieron las atribuciones a la Asamblea Nacional, sin embargo, la marcha atrás no incluyó el sometimiento al poder legislativo de la constitución de las denominadas "empresas petroleras mixtas", en las que tienen participación el Estado venezolano y compañías privadas o estatales extranjeras.
Sobre el papel, el TSJ eliminó el punto 4.4, pero mantuvo el 4.1, que resuelve que "no existe impedimento alguno para que el Ejecutivo Nacional constituya empresas mixtas en el espíritu que establece el artículo 33 de la Ley Orgánica de Hidrocarburos".
Extracto de la sentencia Nº 156 del 29 de marzo de 2017.
En la práctica, el alto tribunal, controlado por magistrados cercanos al Gobierno, dictaminó que ya no era necesaria la aprobación de la Asamblea Nacional para las decisiones relativas a estas compañías, que juegan un papel clave en el sector petrolero.
"Esta iniciativa del presidente Maduro daría continuidad a una política de constitución de empresas mixtas y firmas de acuerdos de cooperación en diversas áreas, iniciada por el presidente Hugo Chávez, con dos de los principales financistas y acreedores de la República Bolivariana de Venezuela, la Federación Rusa y la República Popular China", asegura Serbin.
Lo cierto es que hace años que Venezuela busca sin suerte mejorar la producción petrolera con nuevas inversiones mediante empresas mixtas. Ahora, Maduro puede sortear al Congreso, que se ha mostrado contrario a estos acuerdos, en un momento en el que al Ejecutivo venezolano le urge celebrar contratos en materia petrolera para mantenerse al día con sus obligaciones de deuda internacional.
Objetivos: Rusia y China
En este contexto, según explica Serbin, "el Ejecutivo tiene la necesidad de acceder a divisas extranjeras". Sin ir más lejos, el Banco Central de Venezuela ha iniciado conversaciones con el fondo de inversiones Fintech Advisory para conseguir parte del efectivo que necesita el Gobierno socialista de Maduro y su petrolera estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) para cancelar tan pronto como este mismo mes de abril casi 3.000 millones de dólares en deuda externa.
Precisamente por 3.000 millones, el Ejecutivo tiene en el punto de mira un acuerdo con el gigante petrolero ruso Rosneft, al que ofreció una participación del 10% en una empresa mixta con PDVSA, Petropiar, que tiene un 70% de la estatal petrolera venezolana y un 30% de la estadounidense Chevron.
Esta alianza estratégica, que fue ampliamente criticada por la Asamblea Nacional, podría concretarse ahora que el Congreso ha perdido la potestad para aprobar este tipo de iniciativas, facilitando al Estado la recaudación de fondos que necesita de manera urgente.
¿Y el impacto económico?
Según Reuters, la medida del órgano judicial puede llegar a suponer una buena noticia para algunas compañías petroleras extranjeras, que temían retrasos en sus proyectos ante una advertencia previa de la oposición de que los acuerdos de inversión que no pasaran por el Parlamento no serían válidos.
La agencia de noticias advierte de que el "engorroso" marco legal podría elevar la ansiedad de las petroleras foráneas, nerviosas ya ante la compra de participaciones en yacimientos petroleros por las tambaleantes finanzas del país.
Si bien es cierto que muchas firmas extranjeras se resistían ya a destinar capital a Venezuela ante el "mal clima de negocio". Los expertos insisten en que uno de los criterios fundamentales para atraer la inversión extranjera a cualquier país consiste en brindar estabilidad jurídica, garantizando a los inversores que las reglas del juego no cambiarán a mitad de partido.
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