Economía

Los extremeños deben trabajar el doble que los madrileños para pagar la deuda pública

  • Madrid, Navarra y País Vasco cumplirán con el objetivo de deuda en 2020

La deuda pública cumplió el objetivo de terminar 2016 en el 99,4% del PIB, aunque en términos nominales alcanzó máximos históricos. A modo de desglose y de lado de las comunidades autónomas existen grandes diferencias si se tienen en cuenta cuántos días deben de trabajar los ciudadanos para pagar la deuda. De esta manera, los extremeños deberían trabajar el doble que los madrileños para este fin.

En su Observatorio de Deuda del cierre de 2016, la AIReF apunta que Extremadura es el territorio donde más días se necesitan, en total 398. Le siguen Andalucía (369 días), Castillla-La Mancha (351), Murcia (336), Canarias (328) y Asturias (312). De lado contrario, los ciudadanos de la Comunidad de Madrid sólo precisarían 199 días, mientras que los navarros y los vascos necesitarían 205 y 219 días. El organismo tiene en cuenta los ciudadanos, no solo la población activa. 

Según las cifras de la AIReF, el conjunto de las comunidades autónomas aumentó su deuda en más de 13.000 millones de euros durante 2016 y el organismo cree que las CCAA no cumplirán con el objetivo del 13% hasta 2020. En particular, la deuda autonómica descendió solo en tres de las regiones (Islas Baleares, Canarias y Cataluña). En sentido contrario, destacan los aumentos de las ratios de Aragón (1%), Cantabria (+1,1%), Extremadura (+2,2%), Región de Murcia (+1,5%) y Comunidad Valenciana (+1,1%).

¿Cuántos días de trabajo por persona se requiere para pagar la deuda regional? La Comunidad Valenciana continúa siendo el territorio donde más días se necesitan, 155 en total. Por encima de los 100 días también está Castilla-La Mancha (135 días); Cataluña (129 días); Islas Baleares (110 días) y Región de Murcia (106 días). Por el contrario, en Madrid y en País Vasco se precisarían 53 días por persona y 58 en Canarias.

Así las cosas, la dinámica prevista en el escenario neutral de riesgos por AIReF señala que Madrid, Navarra y el País Vasco son las únicas CCAA que alcanzarían un nivel cercano al valor de referencia del 13% (objetivo exigido) del PIB en 2020.

Ahorro de los intereses

Asimismo, el observatorio explica que el acceso a los mecanismos extraordinarios de financiación, con condiciones ventajosas respecto al mercado, ha supuesto un ahorro considerable de intereses para las CCAA, con una caída sustancial en el tipo implícito, mejorando claramente las condiciones de financiación experimentadas durante los años de crisis.

A nivel de subsector CCAA, en los últimos cuatro años se ha pasado de pagar un sobrecoste de 0,5 puntos porcentuales respecto al Tesoro a un diferencial negativo de 1,2 puntos porcentuales (medido en diferencias de tipos implícitos). Las entidades locales alcanzaron en 2016 el valor de referencia establecido en la ley para 2020 del 3% del PIB.

Según la AIReF, la evolución de la deuda del subsector en su conjunto presenta un perfil "sin grandes riesgos para la sostenibilidad", si bien existe una "gran heterogeneidad" entre las distintas corporaciones y algunas presentan grandes riesgos de sostenibilidad. Andalucía, Madrid, Aragón y Cataluña en menor medida, destacan por repartirse casi cuartas quintas partes del total de deuda de las entidades locales

En cualquier caso, la AIReF destaca que las corporaciones locales han obtenido saldos primarios positivos desde 2012, que han servido tanto para la reducción de su deuda como para una acumulación significativa de activos financieros, con especial mención a los depósitos.

Objetivo de la deuda 

En otro orden de cosas, la AIReF cree que el objetivo de deuda pública del 60% del PIB establecido en la ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 2020 no se alcanzará hasta 2037 "en el escenario neutral de riesgos". El organismo apunta que, en base a la deuda actual y las perspectivas para los próximos años, el único subsector que logrará su objetivo en 2020 serán las corporaciones locales.

La Ley de Estabilidad Presupuestaria fija el límite de deuda pública en el 60% del PIB para 2020, que se distribuye entre administración central (44% del PIB), comunidades autónomas (13%) y corporaciones locales (3%). Ante la imposibilidad de alcanzar estos niveles en 2020, la AIReF ha pedido que se revise la ley de manera que se establezcan "sendas exigentes, pero realistas".

La AIReF constata que la deuda pública cumplió el objetivo de terminar 2016 en el 99,4% del PIB -aunque en términos nominales marcó un nuevo máximo histórico- tras reducirse el ratio en todos los subsectores salvo las comunidades autónomas.

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