El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, asumió ayer el mandato de Las Cortes Valencianas -firmado por los cinco grupos, incluido el PP- y el clamor unánime del empresariado de la región para luchar por unos Presupuestos "dignos" que pongan fin a la "discriminación" en inversiones a la región.
Puig afirmó que no descarta "ningún tipo de acción democrática" para mejorar el volumen asignado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) y anunció que ha pedido una reunión urgente con el presidente, Mariano Rajoy, para "acabar con el maltrato" a la Comunidad Valenciana.
"Los intereses valencianos no dejan de ser los de la sociedad española", subraya el presidente de la patronal valenciana, CEV, Salvador Navarro, que llama a la unidad de sociedad civil, fuerzas políticas y econonómicas para acabar con el "ninguneo" a la región.
La Comunitat Valenciana queda en la cola por inversión per cápita (119 euros por habitante, frente a la media nacional, de 184 euros), incrementando el déficit acumulado en materia de infraestructuras: de 2012 a 2017 las inversiones de Fomento han supuesto una media del 7,6% del total. Este porcentaje se recorta aún más en las cuentas para 2017, que destinan 589 millones a la región -de los que 505,6 millones corresponden al Ministerio de Fomento-, lo que supone el 6,9% del total de inversión territorializada, muy lejos de su peso en población y PIB respecto al total nacional, que ronda el 11%. La partida para la Comunidad se reduce un 33% respecto a 2016 -cuando se presupuestaron 879 millones, pero sólo se ejecutaron 386 millones-, frente al 22% de caída en el conjunto.
Malestar generalizado
Una asignación que ha generado una profunda y unánime desafección frente al Gobierno central, manifestada por los principales representantes de la sociedad civil y el mundo empresarial y político, incluido el PPCV. Malestar, indignación y humillación eran las sensaciones compartidas. "Es indignante y llueve sobre mojado. El ministro de Hacienda y el presidente del Gobierno toman malas decisiones para la Comunidad Valenciana, a pesar de que son malas para el conjunto de España", advirtió Vicente Boluda, presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE).
Puig pedirá a Rajoy un aumento de 600 millones en las inversiones para la Comunidad en los Presupuestos, vía enmiendas, cantidad necesaria para que la región "se situé en la media nacional".
Además, el presidente de la Generalitat va a iniciar una ronda de contactos con los grupos políticos valencianos para reivindicar las prioridades de la Agenda Valenciana de las Infraestructuras. El objetivo es elaborar un conjunto de propuestas que sean "avaladas a través de enmiendas por todos los grupos valencianos con presencia en el Congreso".
El caso de Cataluña
En Cataluña, aunque se mantiene que recibe menos inversiones de las que correspondería, la acogida a los PGE ha sido más tranquila.
Así, Foment del Treball, patronal de grandes empresas catalanas, aunque lamenta la caída de inversión en infraestructuras en el conjunto de España, valoró positivamente que "el peso que representa Cataluña"se haya elevado hasta el 13,4%". En los últimos años esta cifra se situaba cerca del 10%.
Pimec es más crítica y califica de "consuelo" el aumento de proporción. Según Modest Guinjoan, la cifra queda "a gran distancia de lo que le correspondería a Cataluña", que la establece en el equivalente a la contribución catalana en el PIB.
El presidente de Cecot, Antoni Abad, tilda de alarmante el gran retraso en una infraestructura como el Corredor Mediterráneo
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