
El Pleno del Tribunal Constitucional, el primero que se reúne tras la renovación de un tercio de sus miembros y bajo la presidencia de Juan José González Rivas, ha admitido este martes a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra la parte del Proyecto de Presupuestos de la Generalitat de Cataluña para 2017 que incluye partidas para la convocatoria de un referéndum de independencia.
La admisión supone la suspensión de dichas partidas durante al menos cinco meses, mientras se resuelve sobre el fondo del asunto.
Por tanto las cuentas de esta comunidad autónoma quedan anuladas cautelarmente. Asimismo, el Tribunal Constitucional apercibe al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, a los miembros del Gobierno y a altos cargos de la Generalitat que el incumplimiento de la suspensión puede acarrear consecuencias penales.
El Consejo de Ministros dio luz verde el pasado viernes a la interposición de este recurso de inconstitucionalidad contra la disposición adicional 40 y determinadas partidas presupuestarias de la Ley del Parlament de Catalunya 4/2017 del 28 de marzo de Presupuestos de la Generalitat para 2017.
Además del recurso del Gobierno central, que conlleva la suspensión automática, el Tribunal Constitucional tendrá que resolver las impugnaciones que piensan interponer el PSOE de manera individual y el PP y Cs, conjuntamente.