Las Administraciones Públicas contrataron con una baja media del 29,1% con respecto a los presupuestos de licitación en 2016, lo que implica una ligera moderación con respecto al dato de 2015, cuando el descuento promedio de las ofertas adjudicatarias se situó en el 30,8%. Aunque es el primer descenso en seis años, el nivel de las bajas se mantiene muy por encima -prácticamente el doble- del que se registró en 2010, cuando ascendió al 15,5%, de acuerdo con los datos recopilados por la patronal de las grandes constructoras y concesionarias Seopan. Todo ello en un año en el que las disputas por los modificados de obra entre las constructoras y los licitadores se han recrudecido.
Fuentes del sector explican que la caída de las bajas ha de contextualizarse en un año en el que la contratación pública ha tocado fondo, lo que provoca que "cualquier mínimo cambio impacta en la media". De igual modo, se ha visto influenciada porque el mayor contratista de España, Adif, "dentro de que son máximos históricos, ha moderado un poco" la adjudicación con ofertas al borde de la temeridad.
El Estado presenta las bajas más pronunciadas, con un promedio del 33,3% en 2016, frente al 34,1% de un año antes. Las comunidades autónomas, por el contrario, elevaron el porcentaje del 28,4% de 2015 al 30%. Mientras, las administraciones locales lo redujeron sustancialmente, del 26,1 al 21,4%.
El Ministerio de Medio Ambiente se consolida como la institución que contrata con mayores descuentos. En el último curso, la media subió hasta el 41,2%, frente al 38,9% de 2015. Fomento, por su parte, moderó las bajas hasta el 32,5%, apenas nueve décimas menos, según los datos de Seopan.
El modelo de contratación pública en España está cuestionado desde hace años por el sector de la construcción y la ingeniería, que se quejan de que el peso de la oferta económica frente a la técnica convierte los concursos en una especie de subasta. El precio pesa en la mayoría de pliegos entre el 60% y el 75% -en algunos casos llega al 100 por cien-. Fomento trabaja en nuevas modificaciones para satisfacer las demandas del sector y acercar ambos factores. De hecho, Adif lo ha hecho recientemente, de forma que la parte económica supone el 51%, frente al 75% anterior.
En la tramitación del Proyecto de Ley sobre Contratación Pública las patronales sectoriales están presionando a los grupos parlamentarios para que introduzcan en el articulado la obligación de primar la técnica en los trabajos intelectuales. La semana pasada, el Colegio de Ingenieros de Caminos reclamó que la calidad decida en un 80% los concursos.
La prevalencia del precio ha convertido el sistema de contratación en una batalla de constructoras e ingenierías por ajustar al máximo las ofertas, hasta el punto de que en algunos casos concurren incluso a pérdidas. En el último año, de hecho, se han paralizado más de 30 obras de alta velocidad por desviaciones económicas que superaban el 10% del presupuesto de adjudicación que permite la ley. Adif incluso ha rescindido algunos proyectos, como ha ocurrido hace dos semanas con el del tramo Pulpí-Cuevas, en Almería, que ejecutaba Sacyr. La nueva normativa incluirá una ampliación del límite legal de los modificados, de forma que pasará del 10% actual al 50%.
