Es como si en el rescate de la banca italiana el tiempo se hubiera parado. Quizás aún peor, hubiera dado un paso atrás de dos años. En abril de 2015, el ministro de Economía Pier Carlo Padoan, tras un encuentro con la Comisión Europea aseguraba: "No hay que preocuparse. Estamos evaluando todas las posibles soluciones y tomaremos una decisión, pero no hay fecha límite".
Hoy, a tres meses de la aprobación del decreto de rescate, MPS, la entidad transalpina más problemática, todavía espera ser intervenida. Sin embargo Padoan, la semana pasada tras su reunión con la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, volvió a asegurar que "no hay fecha límite" y que el Tesoro italiano está "trabajando para minimizar los tiempos de intervención y encontrar soluciones estables, duraderas y solidas".
Lo que ha ocurrido en estos dos años demuestra que tanta calma no ayuda ni a la banca ni a la economía transalpinas, ya que el fardo de 360.000 millones de créditos dudosos acumulado por los bancos ha ido lastrando la recuperación del país. Durante 2016, el Gobierno italiano aplazó la solución del problema, evitando aprobar medidas impopulares durante la larga campaña electoral del referéndum constitucional que se celebró el pasado 4 de diciembre. Todas las medidas propuestas, empezando por el fondo de rescate privado Atlante, financiado con tan sólo 4.250 millones de euros, se han demostrado insuficientes frente al tamaño del problema.
Intervención de MPS
La derrota de Renzi en la consulta y los temores de un contagio, dieron empuje al rescate de la banca transalpina. En pocas semanas el nuevo Gobierno de Paolo Gentiloni (del que Padoan seguía siendo titular de Economía) aprobó la intervención de MPS, con una asignación de 20.000 millones de euros en efectivo a los que se añadieron casi 80.000 millones de garantías públicas. Italia parecía por fin tomar en serio el problema de su banca y empezar un saneamiento saludable no sólo para las entidades, sino para la economía en su conjunto. Nada más equivocado. Han pasado tres meses y Padoan sigue negociando con la Comisión Europea y la Vigilancia del BCE los detalles del rescate de su banco más problemático, sin haber llegado a un acuerdo definitivo.
MPS no es el único problema. La cuestión más urgente es la de Veneto Banca y Popolare di Vicenza, entidades medianas que necesitan ser rescatadas pero que todavía no han obtenido el visto bueno de Roma, Bruselas y Fráncfort.
Italia no quiere pasar por el llamado "bail-in", o sea el "rescate desde dentro" que afectaría - además de a los accionistas - también a los titulares de deuda subordinada. El Gobierno transalpino, con la vista puesta a las elecciones del próximo año, piensa rescatar la banca sin pedir más dinero a los ahorradores. Pero Europa, para evitar que la intervención sea considerada ayuda de Estado, pide que esta "recapitalización cautelar" se destine sólo a entidades en salud y no al borde de la quiebra. Por esto, el proceso de intervención de Veneto Banca y Popolare di Vicenza se ha parado a la espera de una evaluación del BCE sobre los dos bancos.
El problema es que estos, que están a punto de fusionarse, necesitan por lo menos 5.000 millones para sobrevivir. El fondo de rescate privado Atlante ha invertido durante los últimos meses 3.500 millones de capital fresco, dinero que en poco tiempo se ha esfumado. El Tesoro italiano sueña con una nueva inyección de capitales privados para evitar la quiebra y obtener el visto bueno de Europa sobre la "recapitalización precaucional". Pero los grandes bancos transalpinos, accionistas de Atlante no quieren gastar otro dinero en el fondo de rescate.
La banca italiana se encuentra otra vez en un atolladero, con el Tesoro italiano que una vez más intenta ganar tiempo, presionado por el antiguo primer ministro Matteo Renzi que está preparando la campaña electoral para las elecciones primarias del Partido Demócrata. Pero, sin una intervención pública inmediata, las dos entidades peligran irse a la quiebra.
La prensa local de Veneto señala que varios directivos y consejeros de administración piensa dimitir para no cargar ellos solos con una posible quiebra determinada por el inmovilismo del Tesoro de Roma. Determinante será la reunión de los consejos de administración de ambas entidades que se celebrará mañana: en aquella ocasión Veneto Banca y Popolare di Vicenza desvelarán cuántos de sus accionistas han aceptado las indemnizaciones propuestas y cuántos, llevarán los bancos a juicio para recuperar el dinero perdido con la mala gestión del pasado. El plazo terminaba el pasado miércoles pero fue prorrogado, con el objetivo de alcanzar por lo menos el 70% de adhesiones y permitir así a los dos bancos cambiar página.
Entidades
