No es sólo el déficit excesivo o la deuda pública fuera de control. Es que Italia prometió también hacer inversiones para obtener flexibilidad presupuestaria y, una vez obtenida la derogación de los compromisos europeos, no las hizo. El informe del Comité Económico y Financiero de la UE, el grupo de expertos que prepara los trabajos del Consejo de la Unión, es muy duro con la situación presupuestaria de Italia.
El informe, publicado la semana pasada por la prensa italiana pinta una panorama desolador, de un país que durante los últimos dos años siempre ha aplazado los ajustes con cualquier excusa y que ahora se encuentra entre la espada y la pared. En una carta al Ministro de Economía, Pier Carlo Padoan, la Comisión Europea pidió un ajuste presupuestario del 0,2% del PIB, es decir unos 3.400 millones de euros.
Según explica el Comité Económico y Financiero, Italia, para respetar los acuerdos con los socios europeos, necesita una corrección adicional de 3.400 millones, que es la misma flexibilidad presupuestaria que la Comisión Europea había concedido a Roma sobre los Presupuestos para 2016, en relación a un aumento de las inversiones para estimular la estancada economía transalpina. Sin embargo, avisan los expertos del Comité, "las condiciones para la flexibilidad relacionada con las inversiones -es decir que estas se mantengan al nivel del año anterior- de momento no parecen haberse respetado". La Comisión tendrá que confirmar, tras la publicación en mayo de los datos sobre las inversiones de Eurostat (la oficina estadística de la UE), si Roma tenía derecho o no a la derogación.
El informe del Comité concluye que, de momento, en Italia "peligra una desviación significativa con respeto a los compromisos para 2016 y 2017" y amenaza con no "mantener la dinámica de la deuda sobre un camino sostenible". El titular transalpino de economía, Pier Carlo Padoan, tendrá que responder hoy a los otros miembros del Eurogrupo, desvelando las medidas que el Gobierno aprobará en abril, con el Documento de Economía y Finanzas, la hoja de ruta de los presupuestos italianos.
La labor de Padoan no es fácil: según la UE, en 2017 el déficit italiano se disparará al 2,4%, contra el 2,3% anunciado por Roma, mientras la abultada deuda transalpina seguirá creciendo y llegará al 133,3% del PIB. Italia -señalan los expertos del Comité Económico y Financiero- se había comprometido a reducir la deuda el 0,6%, pero en vez ello, aumentará un 0,4%. Así, aun teniendo en cuenta la flexibilidad de 5.500 millones que Roma ha obtenido para los terremotos y la acogida de refugiados, el país "corre peligro de una desviación significativa con respeto al objetivo de 2017".
Los números de la difícil situación presupuestaria, sin embargo, no tienen en cuenta la aún más difícil fase política del país. El principal partido que apoya al Gobierno, el PD, acaba de sufrir una escisión y durante el próximo mes estará sumido en la campaña electoral para las elecciones primarias. El candidato favorito es Matteo Renzi que busca obtener el apoyo de los militantes para volver a presentarse a la presidencia de Gobierno. Pero Renzi es también el responsable de la política presupuestaria de los últimos dos años, la misma que ahora Bruselas contesta a Italia.
El líder progresista sigue defendiendo medidas expansivas para relanzar la economía, en contraste con las obligaciones del actual Gobierno de Paolo Gentiloni: en el congreso que su corriente celebró la semana pasada en Turín, Renzi propuso nuevos recortes fiscales, empezando por un bonus bebé de 200 euros al mes por cada hijo, explicando que la medida se financiará a través de una racionalización de los actuales subsidios y a "nuevos recortes al gasto". Un farol que sin embargo Bruselas ya no acepta.
Roma evita el plebiscito de la reforma laboral
El referéndum sobre la reforma laboral, convocado por el sindicato mayoritario CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo, por sus siglas) para derogar los llamados "bonos de trabajo" no tendrá lugar. El Ejecutivo de Paolo Gentiloni, con tal de evitar otra consulta problemática para el Gobierno italiano (tras la derrota del pasado 4 de diciembre que causó las dimisiones de Matteo Renzi) ha decidido abolir esta forma de retribución utilizada para pagar labores por horas o de escasa duración y evitar así el trabajo no declarado. Los bonos que ya han ido comprándose podrán utilizarse hasta final del presente año. Según las propias asociaciones empresariales se trata de un error que "dificultará el trabajo de las empresas".
