Según el ministro de Economía Pier Carlo Padoan, el diferencial de la prima de riesgo "nos recuerda de manera grosera que un país con una alta deuda no puede descuidar su reducción". La verdad es que la ampliación del diferencial entre el bono italiano y el alemán, que la semana pasada volvió a superar los 200 puntos básicos, despertó los fantasmas del 2011, cuando Italia entró en el ojo del huracán de la especulación sobre la deuda.
De un lado esta situación peligra con desestabilizar las cuentas, ya que el Tesoro de Roma había previsto para 2016 un ahorro de entre 3.000 y 4.000 millones si el diferencial hubiera permanecido alrededor de los 100 puntos básicos. Del otro lado la reacción del mercado indica una desconfianza de los inversores hacia Italia, justamente cuando el país transalpino esperaba haber encontrado otra vez la estabilidad.
El sistema político italiano, tras la dimisión de Matteo Renzi después del referéndum del 4 de diciembre, demostró una velocidad de reacción que no tiene antecedentes en décadas de historia nacional, consiguiendo formar un nuevo Gobierno y aprobar el rescate de la banca en pocas semanas.
Sin embargo ahora la permanencia del nuevo Ejecutivo, liderado por Paolo Gentiloni, parece pender de un hilo. Renzi, que sigue siendo secretario del PD, el partido de mayoría en el Parlamento italiano, quiere ir a elecciones cuanto antes. Un deseo que comparte con las oposiciones antisistema del M5S y de la Liga Norte. La paradoja es que el líder progresista está tensando la cuerda con el Gobierno de Gentiloni, a pesar de que este es una fotocopia de su propio gabinete, ya que el nuevo primer ministro, y antiguo titular de Exteriores, ha confirmado casi todos los ministros salientes de Renzi.
De momento el nuevo Ejecutivo, pensado para garantizar estabilidad y continuismo en la agenda económica, cuenta con el apoyo seguro sólo de las minorías: Forza Italia, el partido de Berlusconi que rechaza elecciones anticipadas, algunos pequeños partidos de centro y la ala socialdemócrata del PD que se opone a Renzi y quiere votar en 2018, al término natural de la legislatura.
"Con respecto a 2011 hay diferencias fundamentales. Entonces no había un Gobierno, ahora lo tenemos y para hacerlo caer hay que provocar una crisis. Esta vez no hay perspectiva política y no hay ley electoral. Todo acabaría con el diferencial a 400 puntos, y con la gente en la calle" ha declarado a la prensa Massimo D'Alema, antiguo primer ministro de centroizquierda y gran opositor de Renzi.
Además, la frágil situación política se junta a un marco presupuestario muy complicado para Italia: Europa acaba de avisar que, tras años de desvío, Roma tiene que empezar a reducir su deuda si no quiere un procedimiento de infracción por parte de la Comisión. Bruselas tras haber concedido durante los últimos dos años 19.000 millones de flexibilidad adicional, pide un ajuste el 0,2% del PIB, es decir, 3.400 millones de euros. Menos de los que Renzi tomó como flexibilidad adicional en los Presupuestos para 2017 (-0,6% de PIB).
Padoan en su respuesta a la Comisión ha indicado que prevé "una segunda trama de la privatización de los Correos", con la venta de otro 30% de la empresa por un importe estimado de 2.400 millones. Otra medida sería la salida a Bolsa de los Ferrocarriles de Estado. El viceministro de Economía, Enrico Monrado, ha confirmado que el objetivo de recaudación para 2017 es del 0,4/0,5% del PIB, es decir entre 7.000 y 8.000 millones.
El problema es que en los últimos años Roma no ha cumplido con las promesas sobre privatizaciones. El año pasado el Ejecutivo italiano se quedó en 5.000 millones menos respecto a los objetivos anunciados. Y en todo caso la venta de cuotas de los principales grupos a control público sólo es una señal pero no puede contribuir de manera significativa a la reducción de la deuda transalpina, que ha llegado ya a 2,250 millones de euros, es decir, el 134% del PIB.
Así, los temores de los inversores se unen a los de Bruselas. La semana pasada un fondo de cobertura británico, Astellon Capital, indicó que "considerada la incapacidad de crecimiento de la economía italiana", la deuda transalpina necesita una reestructuración.
Los analistas también proponen una "quita" sobre la deuda, a través de una reducción del rendimiento o una extensión del vencimiento de los bonos. Además, Astellon asegura que las normas europeas presionan a los bancos transalpinos que siempre han garantizado la compra de deuda y "de momento sólo hay un comprador de bonos italianos: el BCE".
