Dos días antes de que el Reino Unido active el artículo 50 para su salida de la Unión Europea, nuestro país comenzará a fijar posiciones ante la próxima reforma de la Política Agraria Común. Será hoy y mañana en una gran conferencia en la que el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente reunirá a expertos, organizaciones agrarias y comunidades autónomas para establecer los principales objetivos que debe recoger la PAC que estará vigente más allá de 2020.
España se juega en esta reforma el mantenimiento de 45.000 millones de euros para los próximos siete años (35.700 millones en ayudas directas y 8.200 millones en programas de desarrollo rural) con la incertidumbre sobre los efectos que pueda tener el Brexit en la asignación comunitaria para la agricultura y la ganadería del Viejo Continente.
El Reino Unido es un contribuyente neto a las arcas comunitarias y, por tanto, también a la política agraria. Su salida, según un informe de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo, dejará un agujero en el Presupuesto de la PAC de hasta 3.000 millones de euros. Eso supondrá que los países miembros tendrán que hacer mayores aportaciones para mantener el actual nivel de apoyo.
El Brexit no es la única amenaza a los fondos de la PAC de 2020. El desafío de la inmigración o las exigencias que anuncia Donald Trump al presupuesto de defensa también se presentan como losas para mantener el actual nivel presupuestario, sostiene el director de Relaciones Internacionales de Asaja, Ignacio López.
"Presión sin precedentes"
En parte de ese mismo planteamiento coincide el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural de la UE, Phil Hogan, quien asegura que "el Brexit y el desafío de la migración están sometiendo a una presión sin precedentes al presupuesto europeo" y califica de "imperativo" que "los políticos, los actores agroalimentarios y las comunidades rurales alcen la voz y recuerden a sus gobiernos nacionales el claro valor que la política agraria aporta a todos los ciudadanos. Sólo una PAC bien financiada seguirá generando beneficios para todos los ciudadanos de Europa", sentencia.
En el Ministerio de Agricultura tienen claro que las negociaciones de la PAC 2020 será "especialmente duras", aunque defenderán el mantenimiento de la ayudas en la necesidad de blindar un modelo alimentario de máxima seguridad y calidad como el europeo,.
En lo que sí beneficiará el Brexit a España es que debilitará la conocida "banda de los cuatro" (Reino Unido, Holanda, Suecia y Dinamarca), tradicional enemiga a las ayudas agrarias.
La Conferencia "Construyendo la PAC del futuro" coincide en el tiempo con el proceso que ha puesto en marcha la UE ante la reforma. La Comisión Europea inició el 2 de febrero una consulta pública sobre el futuro de la PAC, proceso que estará abierto hasta el próximo 2 de mayo.
La previsión es que a finales de 2017 se presente una comunicación sobre las prioridades futuras y que durante el primer trimestre de 2018 vean la luz las propuestas de reglamentos, que se debatirán hasta 2019.
Pero en esta reforma ni el calendario escapa a las incertidumbres. Las elecciones europeas serán en mayo de 2019, lo que hará muy difícil que el Parlamento europeo pueda aprobar la reforma, teniendo en cuenta que las propuestas de la Comisión se concretarán en 2018. El Mapama no descarta que el actual modelo se pueda prorrogar uno o dos años más.
De las pocas cosas que parecen claras es que la futura PAC tendrá un carácter mucho más "verde" que la actual, en línea con los objetivos del COOP21 de reducción de gases invernaderos, por lo que presumiblemente las ayudas van a ir más ligadas a nuevas exigencias medioambientales.
Agricultores profesionales
Uno de los frentes en los que coinciden las organizaciones agrarias y buena parte de las comunidades autónomas es que la futura PAC dé prioridad en las ayudas directas a los agricultores profesionales, una vieja reivindicación para expulsar a los denominados "agricultores de salón", que Bruselas ya truncó en la última reforma. Otra de las peleas en la negociación será la convergencia exterior de las ayudas, que llevaría a una tasa similar en todos los países de la UE, un situación que a nuestro país no le beneficia dada las grandes diferencias en las distintas zonas de cultivo y que es rechazada por las Opas.
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