La Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso ha aprobado una iniciativa para reformar el Impuesto sobre el Incremento del Valor de los terrenos de naturaleza urbana (IIVTNU), conocido como plusvalía municipal, y devolver las cantidades cobradas en este tributo durante los últimos cuatro años en los casos en los que no haya existido plusvalía.
La proposición no de ley, llevada a la comisión por Ciudadanos, ha contado con el apoyo del PSOE y de Unidos Podemos, Esquerra Republicana, PDeCAT y Compromís, mientras que el Partido Popular ha votado en contra. El PNV ha decidido abstenerse.
Este impuesto, recaudado por los ayuntamientos para gravar la revalorización de los inmuebles, ha sido declarado inconstitucional en estos extremos por parte del Tribunal Constitucional, que anula de esta forma la Norma Foral de Guipúzcoa por un caso en Irún.
El Ministerio de Hacienda ha anunciado que modificará el Impuesto de Plusvalía Municipal para adaptar la norma estatal a la sentencia del TC.
La iniciativa de Ciudadanos insta a modificar "de manera urgente" la regulación de este tributo y apoyar a las administraciones municipales para devolver las cantidades "indebidamente cobradas" en colaboración con la Agencia Tributaria, que deberá facilitar la información sobre las enajenaciones de inmuebles donde se hayan declarado minusvalías.
Las devoluciones están limitadas a los últimos cuatro ejercicios de las cantidades cobradas indebidamente, según la nueva Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, que entró en vigor el 2 de octubre de 2016, y que restringe las posibilidades de reclamar por responsabilidad patrimonial de las administraciones.
Mejorar el cálculo del valor
Asimismo, también recoge, por petición del PSOE, la exigencia de acordar una "reforma global" del impuesto con el objeto de que el cálculo de la cuota tributaria "refleje de un modo más fiel el verdadero incremento de valor de los terrenos".
En este sentido, el texto aprobado pide tener en cuenta el año en el que se estableció el valor catastral u otros indicadores que reflejen la evolución real del valor de los terrenos, sin que estos cambios se traduzcan "en una merma global de ingresos para los ayuntamientos".
Por último, la iniciativa busca establecer una colaboración con los ayuntamientos para atender las reclamaciones "del modo más eficaz posible", evitando la judicialización de los procedimientos, pues "una avalancha de casos podría acabar saturando los tribunales".