La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), así como el área pública de CCOO y la Federación de Empleados Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT han entregado este miércoles una carta al ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, en la que reiteran la necesidad "urgente" de convocar la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas y piden la eliminación de la tasa de reposición, una oferta de empleo público de 356.000 plazas y un aumento salarial que recupere el poder adquisitivo perdido en la crisis.
Los sindicatos reclaman la negociación de incrementos retributivos que permitan recuperar poder adquisitivo, la oferta de empleo público, el restablecimiento del impulso a los planes de igualdad y la negociación de aspectos "básicos" para ámbitos inferiores son aspectos "primordiales" que deben tratarse en la Mesa General de Negociación.
Mesa de Negociación: En la misiva enviada al titular de Hacienda y Función Pública, CSIF ha recordado que el Ministerio debe abrir la mesa de negociación, tal y cómo se comprometió en la reunión del 14 de febrero, para abordar "sin más dilación" cuestiones fundamentales como la oferta de empleo público de 2017 y las retribuciones de empleados públicos, entre otras.
La recuperación de los derechos sindicales y de negociación "recortados por la situación excepcional de crisis"; una mejora y profundización de los derechos de información o la creación de la Mesa de Negociación de Universidades, son parte de las propuestas que UGT y CCOO incorporan en la carta dirigida a Montoro.
Oferta de empleo público: "La oferta de empleo público no puede ser rehén de las negociaciones políticas entre el Gobierno y los grupos parlamentarios", ha señalado CSIF, que cree que todas los representantes políticos deben "impulsar" la oferta de empleo público para 2017, ya sea mediante presentación de Presupuestos Generales del Estado (PGE) o un acuerdo parlamentario.
Para evitar el deterioro de los servicios públicos, que han perdido más de 300.000 puestos de trabajo desde 2011 "como consecuencia de la no renovación de las plantillas", CSIF apuesta por aparcar la "táctica" política y afrontar "con sentido de Estado" las necesidades de los servicios públicos.
UGT y CCOO piden la eliminación de la tasa de reposición y un incremento progresivo de plantillas conforme a la evaluación de las necesidades de los servicios públicos en cada administración.
Así, demandan una Oferta de Empleo Público (OEP) excepcional de 356.000 plazas que regularice la situación de plazas estructurales presupuestadas, vacantes u ocupadas por personal interino o eventual, así como una revisión de la normativa relativa a la función pública para adaptarla a los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la UE y atajar el "abuso" en la temporalidad.
Salarios: El sindicato también ha reclamado la recuperación de la estructura salarial previa a 2010, afrontar una solución al abuso de la temporalidad en las administraciones públicas y modificar las trabas legales para que los sindicatos puedan pactar la jornada de 35 horas semanales y los recortes todavía vigentes como los descuentos en la nómina por baja médica.
En materia salarial, CCOO y UGT reclaman un incremento en 2017 que garantice la recuperación de poder adquisitivo, acompañado de un Plan plurianual de recuperación de salarios perdidos desde 2010.
Igualmente, demandan la revisión de los aspectos que, durante la crisis, se han regulado con carácter "básico e indisponible" para permitir la negociación efectiva en cada uno de los ámbitos (jornada, incapacidad temporal, permisos y licencias). También reivindican un calendario estable de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación.
Andalucía y C-LM recuperan parte de la 'extra'
La Consejería de Hacienda y Administración Pública de Andalucía ha comenzado a abonar otro 25% de la paga extra de 2012 al conjunto de empleados públicos de la comunidad autónoma, de forma que más de 270.000 profesionales del sector público andaluz percibirán, junto con la nómina del mes de febrero, el importe equivalente a 46 días, tal y como establece el calendario para la recuperación de derechos acordado con los sindicatos en junio de 2016.
Según indica la Consejería en una nota remitida a Europa Press, este pago se suma a los 48 días que se abonaron el pasado mes de septiembre y los 44 días liquidados en febrero de 2016, de modo que ya se ha procedido a la devolución del 75% de la paga extra. La Consejería que dirige María Jesús Montero incorporará la cantidad restante en la nómina de los empleados públicos correspondiente a febrero de 2018.
El Gobierno andaluz cumple así con su compromiso de "restitución total de los derechos suspendidos a los profesionales de la administración pública como consecuencia de la aplicación de las medidas de estabilidad presupuestaria impuestas por el Estado en el año 2012".
Por su parte, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado que en sus planes de recuperar el 3% de la llamada 'tasa Cospedal' que recortó un 3% el salario de los funcionarios está no solo recuperar ese nivel de sueldo, sino además que se recupera un 0,5% más en concepto de "intereses".
En un encuentro informativo organizado por El Digital de Castilla-La Mancha y conducido por la periodista Esther Esteban, García-Page se ha pronunciado así a preguntas de los asistentes, donde ha especificado que este año se recupera la mitad de ese recorte y el próximo año la mitad restante. Al año siguiente, según ha detallado, habrá que sumar medio punto más, "que sería el cálculo de esos intereses".