El Ministerio de Hacienda -o, lo que es lo mismo, el Estado- se ha convertido en el principal prestamista de las autonomías a través de los mecanismos de liquidez puestos en marcha desde 2012. Tanto es así que más de la mitad de la deuda autonómica en circulación ha sido financiada por el Gobierno, es decir, cuenta con el aval del Estado. En este periodo, territorios que tenían cerrado el grifo de los mercados por su situación delicada han contado con la liquidez suficiente para seguir funcionando.
En concreto y, de acuerdo con los datos publicados por el Banco de España a septiembre de 2016 -que son los últimos disponibles- de los 271.980 millones de euros a los que ascendía la deuda viva regional, los territorios percibieron 137.970 millones a través del Fondo de Liquidez Autonómico o de la Facilidad Financiera, en función de si las autonomías en cuestión habían cumplido o no los objetivos de déficit.
Los préstamos del Estado suponen así el 50,7% del pasivo autonómico, algo que no había sucedido desde que Hacienda creó los instrumentos de financiación hace ya cinco años. Si bien lo más significativo es que hay ocho comunidades autónomas que superan, incluso, ese nivel. Son Comunidad Valenciana y Murcia, a las que el Ejecutivo central ha financiado el 73% de su pasivo; Andalucía (el 67% de su deuda tiene el aval de Hacienda); Castilla-la Mancha (66%); Cataluña (63%); Baleares (62%); y Canarias y Cantabria, con un 61% de su deuda financiada por el Estado.
Una situación muy distinta es la que presentan País Vasco y Navarra, las dos que quedan fuera del régimen común y que no han hecho uso de estos instrumentos; o la Comunidad de Madrid, que viene optando por financiarse por sus propios medios en los últimos años.
Objetivos a futuro
Un estudio publicado recientemente por la agencia de rating S&P se hacía eco de estos datos y plantea como retos e incógnitas de futuro para los Ejecutivos regionales la reforma de la Financiación Autonómica, la continuidad de los esfuerzos de consolidación fiscal, el control del gasto sanitario y el envejecimiento de población, la presión existente sobre el gasto educativo, la asimetría en la posición financiera de las propias autonomías así como el retorno a la financiación en los mercados.
Este último punto será uno de los que entrañe mayor dificultad. Las comunidades autónomas que se encontraban hasta ahora en una peor situación han dependido en buena medida de los préstamos estatales para pagar a sus proveedores, para atender a sus vencimientos de deuda o para reducir su nivel de déficit público.
Al igual que han hecho otros expertos, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) viene advirtiendo de que estos mecanismos deberían desmantelarse poco a poco, para ir reduciendo la dependencia autonómica del Estado y propiciar la vuelta de las autonomías a los mercados de deuda. "Necesitamos combinar la reforma del Sistema de Financiación Autonómica con las de otras Administraciones y eliminar progresivamente los mecanismos de financiación extraordinaria" aseguraba el presidente del organismo fiscalizador, José Luis Escrivá durante su participación en unas jornadas en Valencia.
Los últimos cinco años el Estado emitió deuda por valor de 84.990 millones de euros, el equivalente al 8% del PIB español, para atender al pago de facturas a los proveedores de las comunidades autónomas. En ese mismo periodo, los Ejecutivos regionales pudieron atender a vencimientos de deuda por valor de 77.697 millones de euros, gracias a los recursos puestos en marcha por el Estado.
Por territorios, más de la mitad de todos los préstamos que Hacienda concedió a los Gobiernos territoriales hasta 2016 fueron a parar a Cataluña y Comunidad Valenciana. Entre las dos suman más de 110.805 millones (del total de 202.787 millones de euros percibidos por el conjunto de las comunidades autónomas), una cantidad que difícilmente hubieran conseguido por sí solas en los mercados.
Pese a ello, Cataluña no estará presente este jueves cuando se constituya formalmente la comisión de expertos, que debatirá sobre la reforma del nuevo modelo de financiación. La Generalitat planta a Hacienda, como ya hiciera en la Conferencia de Presidentes, y vuelve a reclamar una negociación bilateral con el Gobierno sobre este asunto.
Madrid presenta sus Presupuestos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, presentó este martes el anteproyecto de ley de Presupuestos para 2017. Las Cuentas de este año contemplan un incremento del gasto del 3,5% hasta los 18.538 millones de euros. Estas cifras se basan en una previsión de PIB del 2,6% (una décima por encima de lo calculado para España) y en una tasa de paro en torno al 13,4%, lo que supone 1,2 puntos menos que en la última Encuesta de Población Activa (EPA).
El Ejecutivo regional prevé además que se creen hasta 90.000 nuevos empleos. En este mismo contexto se estima un presupuesto de ingresos no financieros de 17.229 millones que permitirá cumplir con el objetivo de déficit fijado para las autonomías en el 0,6% del PIB. Cifuentes resaltó que las inversiones reales suben un 8,7%, alcanzando los 1,184 millones de euros. Al mismo tiempo, defendió que "son unos Presupuestos fundamentalmente sociales, que destinan casi nueve de cada diez euros a las políticas sociales", sanidad y educación entre ellas.
