El independentismo catalán no quiere ni oír hablar de la oferta de diálogo que ofrece el Gobierno si el referéndum no entra en el debate. Después de que Enric Millo, delegado del gobierno en Cataluña, señalara en una entrevista en televisión que existían reuniones "no públicas", entre el Ejecutivo español y el catalán y que se avanzaba en un paquete de medidas para responder a las demandas de Cataluña, las reacciones desde el Govern y Moncloa no se hicieron esperar.
Carles Puigdemont, president de la Generalitat, daba por bienvenida la oferta de negociación, pero se cerraba en cuanto al contenido de la misma: el referéndum va por delante. El resto de peticiones -aunque él mismo se las había llevado a Mariano Rajoy en abril- quedan en un segundo plano para el presidente catalán, al que Moncloa, según diversas fuentes, ve como un interlocutor poco significativo, porque ya ha anunciado su retirada y por la paulatina pérdida de poder de los exconvergentes en JxSí.
De hecho, fuentes del PP señalan que no tienen ninguna prisa en negociar con el PDeCAT, y que incluso dan a la antigua Convergència "por amortizada". Prevén nuevas elecciones con ERC como ganadora. Por ello, ven en Oriol Junqueras un mejor interlocutor, y que, además, ha realizado públicamente demandas más viables para el Gobierno de Rajoy, centradas en lo económico, aunque sin renunciar al referéndum.
El 'no' al referéndum
A pesar de que la Generalitat y el PPC desmintieron ayer a Enric Millo y afirmaron que no se habían producido encuentros "secretos", las palabras que utilizó el popular en su entrevista en TV3 fueron "privadas". Si bien los portavoces del delegado del Gobierno en Cataluña no respondieron a la demanda de información reiterada de elEconomista , Millo explicó en TV3 que el lunes Soraya Sáenz de Santamaría y Oriol Junqueras iban a coincidir en una entrega de premios.
Millo, además, adelantó que la vicepresidenta del Ejecutivo aprovecharía su visita para realizar entrevistas "privadas". Estas reuniones discretas, como la que mantuvieron Junqueras y Santamaría el pasado enero, se utilizan para que no haya presión mediática y que cada parte no se vea obligada a defender sus respectivas posturas. Finalmente, el encuentro se filtró y las conclusiones públicas fueron la imposibilidad del referéndum.
Una inversión multimillonaria
Aunque Rajoy quisiera eludir la negociación del referéndum a costa de ceder en el resto de peticiones, cumplir con las 45 demandas restantes presentadas por Puigdemont en abril del año pasado tendrían un coste de inversión de 4.577 millones. Sólo para responder a las demandas más inmediatas de gasto e inversión, el Estado tendría que desembolsar 2.446 millones.
Estas cifras, además, sólo responderían a las peticiones para un año (por ejemplo para los Presupuestos de 2017), ya que no incluyen las reclamaciones de demora acumuladas y que continuamente recuerda el Govern. Teniendo en cuenta que el Estatut señala que la inversión en Cataluña debe estar en línea con su peso en el PIB, sólo en lo que se reclama en inversión por infraestructuras desde 2008, se le deberían sumar 3.811 millones más.
Las partidas más elevadas que Rajoy debería incluir en los Presupuestos para equilibrar este nivel inversor en infraestructuras, ascendería a 1.116 millones de euros. Esto se destinaría a obras marcadas como prioritarias como el desdoblamiento de la N-340 o de la N-II en Girona, donde hay una cantidad muy elevada de accidentes.
Además del Corredor Mediterráneo, si hay una partida que merece un punto y aparte es el de la red de Cercanías, para la que se elaboró un plan de emergencia en 2011 y que no se ha cumplido. Estas obras supondrían una inversión adicional urgente de 300 millones en las Rodalies catalanas.
Otro de los puntos que engrosarían el gasto del Gobierno central en Cataluña sería recuperar lo que se destinaba en 2011 en Cataluña en materia de sanidad. Por una parte, con la financiación de tratamientos para la hepatitis C que alcanzan los 170 millones; y por otra, el impacto anual por desplazados no compensados o la eliminación del fondo de cohesión sanitaria, que asciende a cerca de 50 millones más.
En asuntos sociales, otra partida muy delicada es la de la ley de dependencia, donde la Generalitat pide que el Gobierno destine 389 millones más para que ésta se financie a partes iguales entre ambas administraciones.
La Generalitat también requiere vía libre para aprobar tasas sin que sean impugnadas, para elevar su recaudación. Entre ellas figura el "euro por receta", que aportaría 140 millones a las arcas catalanas, o el de depósitos bancarios, diseñado por la Generalitat, que aumentaría en 685 millones la recaudación.
En ese sentido también iría la reclamación de ajustarse a la ley de estabilidad presupuestaria y que Cataluña no esté sujeta a un límite de déficit del 0,6%. El Govern solicita llegar el 1,07% de déficit, con lo que Cataluña dispondría de 2.000 millones de euros más de gasto.
