La Guardia Civil ha desarrollado este jueves una nueva operación contra la financiación irregular de la antigua Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de los organismos públicos Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Entidad Pública BIMSA del Ayuntamiento de Barcelona. La Fiscalía Anticorrupción confirma 18 detenciones. Entre los detenidos se encuentra el presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambre, el exteniente de alcalde Antoni Vives y Francesc Sánchez, encargado de pilotar la refundación de Convergència.
La Guardia Civil ha realizado un registro en el marco de esta operación en el despacho del presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra, y en otras dependencias en la sede de la Autoridad Portuaria de Barcelona, en el World Trade Center, han informado a Europa Press fuentes del Puerto.
En este operativo también se han hecho registros en los que estaban presentes el exdirigente CDC Francesc Sánchez y el exconcejal de CDC en el Ayuntamiento de Barcelona Antoni Vives, según las mismas fuentes.
La 'operación Pika' afecta a tres importantes organismos públicos que, de acuerdo a la investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción, realizaban presuntamente licitaciones de contratos amañados con diferentes empresas.
Las empresas investigadas, según fuentes de la investigación, son Copisa, Grupo Soler, Rogasa, Oproler, Pasquina y Comsa. Según EFE, han sido detenidos los empresarios José M., de la constructora Comsa-Emte, José M.Z. y Pedro L., de la compañía Oproler, y un directivo de la sociedad Rubau Tarrés, en Girona.
Como contraprestación a la adjudicación de estos contratos, presuntamente hacían efectivas donaciones a las fundaciones satélites de CDC.
La Guardia Civil sospecha que esta dinero pasaba a formar parte de la financiación del partido político, con la participación directa de relevantes responsables de la formación nacionalista.
Del operativo se concluye la existencia de unos hechos que revisten los caracteres de delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, sin perjuicio de ulterior calificación jurídica, según la Fiscalía Anticorrupción.
25 registros
Los 25 registros y dos requerimientos se están llevado a cabo en las empresas Infraestructuras.cat, Autoridad Portuaria de Barcelona y Entidad Pública Bimsa.
La Guardia Civil se encuentra también recabando información en despachos profesionales y domicilios relacionados con la trama presuntamente fraudulenta.
250 agentes se han desplegado en Barcelona, Girona y Lleida en el marco de una investigación por la presunta financiación irregular de la antigua CDC en una operación que es continuidad de 'Petrum'. El operativo está dirigido por el Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona).
El Juzgado de Instrucción 1 de El Vendrell (Tarragona) ha acordado registros en 12 en Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Berga (Barcelona), Lleida, Girona, Madrid y Majadahonda.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), el juez ha acordado estas diligencias a petición de la Fiscalía en el marco de la conocida investigación por el 3%, aunque no ha acordado ninguna detención -la Policía Judicial o la Fiscalía pueden decidir si es necesario practicar arrestos durante el operativo-.
Los fiscales asisten al registro de Bimsa
Los fiscales anticorrupción Fernando Bermejo y José Grinda asisten este jueves a mediodía al registro de la Guardia Civil en Barcelona d'Infraestructures Municipals (Bimsa), uno de los epicentros del macrooperativo desplegado en relación al caso de presunta financiación irregular de CDC.
Los fiscales han llegado a este edificio del Instituto municipal de urbanismo en la calle Bolivia a las 13.15, después asistir a las pesquisas realizadas en la Autoridad Portuaria de Barcelona, concretamente en el despacho del presidente del Puerto de Barcelona, Sixte Cambra.
La Guardia Civil realiza este jueves con 250 agentes una operación con una treintena de registros en domicilios, empresas, despachos profesionales, además de Bimsa, la Autoridad Portuaria e Infraestructures.cat, en 12 municipios de Barcelona, Girona y Lleida, y se prevén una quincena de detenciones.
Jacint Borràs ve una operación política
El presidente de CDC, Jacint Borràs, ha considerado este jueves que la operación de la Guardia Civil contra su partido por presunta financiación irregular es una estrategia política "programada" para desprestigiar a la formación, y que busca influir contra las movilizaciones previstas para el lunes 6 de febrero en defensa del expresidente Artur Mas, que será juzgado por la consulta del 9N.
En declaraciones a los periodistas desde el exterior de la sede del PDeCAT, ha explicado que incluso le extraña que no hayan "esperado hasta el lunes" para hacer esta operación y así coincidir con las movilizaciones previstas para defender al expresidente catalán en su primer día de juicio.
"Todo esto es una operación programada y, cada vez que haya un acontecimiento que pueda perjudicarles, irán sacando cosas de estas", ha criticado, interpretando que al Estado le perjudican las movilizaciones del lunes y por eso se ha hecho esta operación policial este jueves.
En relación al PP, ha lamentado: "Estamos en manos de un partido que no ha sacado más suciedad porque no debe de saber", y ha deseado que esta operación sea una estímulo para que los catalanes vayan a apoyar a Mas antes de su juicio el lunes, en el que también se juzgará a las exconselleras Irene Rigau y Joana Ortega.
Admite que esta operación "perjudica" a su partido, pero asegura haber pasado por la sede del PDeCAT este jueves y haber visto que todos estaban tranquilos.
Borràs fue uno de los fundadores de CDC y, cuando el partido decidió transformarse en el PDeCAT, se le encomendó la función de presidir CDC hasta que finalmente se pueda desmantelar por completo la estructura de este partido.
