El caos suscitado por la decisión de la Administración Trump de prohibir durante 90 días la entrada en el país de ciudadanos procedentes de Siria, Irak, Irán, Sudán, Libia, Somalia y Yemen, además de suspender durante 120 días el programa de acogida de refugiados, continuó ayer agitando la escena política y económica de Estados Unidos y el resto del mundo.
"No hay nada agradable en la búsqueda de terroristas antes de entrar en nuestro país", tuiteaba el presidente, quien indicó que esta medida formaba parte de su campaña. Trump decidió no ceder ante las presiones políticas ni las protestas públicas registradas en los principales aeropuertos del país.
El mandatario optó por informar que sólo 109 personas de un total de 325.000 fueron sometidas a interrogatorio, mientras culpó a la aerolínea Delta, los manifestantes y las lágrimas del senador demócrata de Nueva York, Chuck Schumer, como responsables "de los grandes problemas" registrados en los aeropuertos. Pero Delta no registró problemas informáticos hasta última hora del domingo, cuando se vio obligada a retrasar o cancelar hasta 250 vuelo. En la línea de Trump, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, señaló que "venir a EEUU es un privilegio, no un derecho".
La polémica incluso sacó al expresidente de EEUU, Barack Obama, de su silencio por primera vez desde que dejase el cargo y, mediante un portavoz, expresó su desacuerdo "con la idea de discriminar a individuos por su fe o religión", en alusión a la orden de su sucesor.
Ann Donnelly, jueza neoyorquina del Distrito Sur de Nueva York, ya plantó cara a la Casa Blanca, estipulando a última hora del sábado que ninguna persona con un visado en regla podría ser deportada. Su orden de urgencia, que se mantendrá hasta el próximo 21 de febrero, sirvió de efecto dominó, ya que los fiscales generales de 16 estados, entre los que se encontraban Pensilvania, Nueva York o California, emitieron una declaración conjunta en la que se condenó las acciones del Gobierno.
El fiscal general del Estado de Washington, el demócrata Bob Ferguson, presentó ayer una demanda contra la orden "ilegal" del presidente, convirtiéndose en el primer Estado en abrir la veda. Ayer lunes Donald Trump destituía a la fiscal general en funciones, Sally Yates, apenas unas horas después de que saliera a la luz una carta en la que pedía al Departamento de Justicia no acatar la orden ejecutiva sobre inmigración firmada este viernes por el mandatario.
La empresas, contra Trump
Al mismo tiempo, los líderes empresariales del país también mostraron síntomas de pánico. El consejero delegado de Goldman Sachs, Lloyd Blankfein, dejó claro que la decisión de Trump "es una política que no apoyamos" y que el banco trabajará "para minimizar la disrupción que esta situación pueda generar en nuestra compañía".
Por su parte, Mark Parker, consejero delegado de Nike, ejemplificó con el caso del medallista olímpico británico Mo Farah, para mostrar su rechazo a la medida. Otras compañías como Ford se sumaron a las quejas ya emitidas durante el fin de semana por compañías como Apple, Microsoft, Facebook y Amazon.
Starbucks aseguró que contratará hasta 10.000 refugiados para trabajar en sus cafeterías. Google, donde buena parte de su fuerza laboral depende de visados de trabajo H1B, creó un fondo de emergencia de tres millones de dólares, Uber hizo algo similar y Airbnb ofreció alojamiento gratuito a los afectados por la situación.
En la arena internacional, Trump habló ayer con su homólogo canadiense, Justin Trudeau, para mostrar su pésame por el ataque sufrido en una mezquita de Quebec, donde murieron seis personas. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, indicó que el presidente recibirá a su homólogo israelí, Benjamin Netanyahu, el próximo 15 de febrero. El mandatario estadounidense firmó un nuevo decreto, según el cual por cada nueva regulación federal implementada, dos deben rescindirse, para así reducir la burocracia en Washington.
