La revalorización del salario de los 2,9 millones de funcionarios españoles está más que descontada por la necesidad del Gobierno de contar con el apoyo de PSOE y Ciudadanos para aprobar los Presupuestos. Los principales sindicatos consideran que Moncloa no tiene margen para negarse a una subida inferior al 1% -más aún cuando los socialistas y Podemos pedirán, como mínimo, que sea del 1,4%, en línea con la inflación-, incremento para el que las arcas públicas tendrán que dedicar 1.200 millones más que este año.
Pagar las retribuciones de los trabajadores del sector público va a costar en 2016, según datos de Contabilidad Nacional y cálculos de elEconomista, algo más de 118.800 millones de euros. Solo el Sistema de Seguridad Social, entre pensiones y el pago de otro tipo de prestaciones, cuenta con un peso financiero mayor en los Presupuestos del Estado. Si finalmente el Gobierno opta por esa subida del 1%, que en cualquier caso se aprobará en marzo o abril con los nuevos Presupuestos y tendrá caracter retroactivo, el abono del salario a funcionarios costará a España por primera vez 120.000 millones de euros.
El Ejecutivo, pese a todo, considera compatible poder elevar el gasto en esos 1.200 millones con el cumplimiento del déficit del 3,1% estipulado por Bruselas. Y lo considera así porque cree que el Decreto Tributario aprobado a principios de diciembre ajustará el gasto en al menos 7.500 millones de euros, una cantidad superior a los 5.000 millones de ajuste que exigía para 2017 la Unión Europea.
Al margen, fuentes del Gobierno creen que la previsión de crecer un 2,5% se quedará obsoleta ante un avance del PIB que sigue impertérrito por encima del 3% y sin casi síntomas de deterioro. Ese mayor crecimiento otorgaría cierto margen en las cuentas públicas para aplicar una subida que CSIF, UGT y CCOO contemplarían como "muy moderada".
Contención en pensiones
El incremento del 1% de los empleados públicos, que también tendrán que aprobar Seguridad Social y administraciones territoriales, será compatible además con una revalorización muy modesta de las pensiones, del 0,25%. Esa subida sí será aprobada hoy en Consejo de Ministros a través de un Real Decreto, y en principio, su coste se limitará a 267 millones de euros.
La decisión le puede costar disgustos a Moncloa, que ha podido justificar las subidas previas del 0,25% por la bajísima inflación, del 0 pro ciento o inferior durante los últimos tres años.Sin embargo, está previsto para 2017 un incremento de los precios del 1,4%, por lo que los 9,4 millones de perceptores de pensiones sí perderán poder adquisitivo en 2017.
Está por ver si la influencia del PSOE, clave para que el Gobierno apruebe los Presupuestos, puede pesar en una modificación posterior para revalorizar algo más las pensiones. Sin embargo, la incorporación de 100.000 nuevos beneficiarios el próximo año, así como el hecho de haber elegido la fórmula del Decreto, parecen indicar que no habrá tal subida adicional.
