La decisión del Gobierno de endurecer la concesión de aplazamientos fiscales y fraccionamientos a las empresas cayó como un jarro de agua fría sobre autónomos y pymes, que aseguran sentirse especialmente afectados por esta medida.
Sin embargo, el Ministerio de Hacienda negocia ahora con este colectivo algún tipo de facilidad para que sí puedan concederse aplazamientos en el pago del IVA a los emprendedores, aunque dentro de unas cantidades y un plazo que queda por determinar.
Los autónomos ven buena disposición por parte del Gobierno en este sentido. Pero, de llegar a buen puerto alguna negociación, se aplicará a más largo plazo. Y es que según el Secretario de Estado de Hacienda, las negociaciones que mantiene el Ministerio con el sector no se han cerrado aún. Por eso, el Real Decreto-Ley que veta los aplazamientos se publicará sin cambios, lo que deja de momento a los autónomos sin la posibilidad de que puedan aplicarse aplazamientos.
El decreto de medidas tributarias aprobado el pasado 2 de diciembre por el Gobierno -y que se vota mañana en la Cámara Baja- suprime la excepción normativa que abría la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de las retenciones e ingresos a cuenta. En concreto, elimina la posibilidad de aplazar o fraccionar los tributos repercutidos y sólo lo permitirá "en el caso de que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas". Sin embargo quedaba fuera del ámbito del decreto el IVA no cobrado.
Desde el inicio de la crisis y hasta el año 2013 -en que marcaron un máximo- el número de aplazamientos se multiplicó por cuatro. El número de solicitudes pasó de 501.336 a 2,07 millones en seis años. Después, esa cifra se ha ido reduciendo paulatinamente, hasta las 1,67 millones registradas el año pasado, de acuerdo con los datos de que dispone la Agencia Tributaria (AEAT). Al mismo tiempo, el importe de los aplazamientos se disparó más de un doscientos por cien, al pasar de 5.866 millones de euros en 2015 a 17.595 millones en 2012.
La eliminación de la posibilidad de aplazamiento o fraccionamiento de pago de determinadas obligaciones tributarias, como es el caso de la supresión de solicitar aplazamiento en las retenciones o ingresos a cuenta, o en los pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, afectará sin lugar a duda a las empresas de menor dimensión, según Almudena Semur, gerente del Instituto de Estudios Económicos, quien sostiene además que esta medida afectará a las empresas de menor dimensión.
Según sus cálculos, que coinciden con los facilitados por Cepyme, más del 97% de las solicitudes de aplazamiento corresponden a importes inferiores a 18.000 euros. El cambio provocará un problema de tesorería en las empresas, que tendrán que recurrir al banco para resolver el problema de liquidez, en el caso de que éste acepte financiar el pago de la obligación tributaria, apunta Semur.
La patronal de las pequeñas y medianas empresas lamenta que la aplicación generalizada de esta medida afectará particularmente a las empresas de menor dimensión, que son las que mayores dificultades tienen para acceder a la financiación con la que cumplir con sus obligaciones tributarias.
Carácter anticíclico
En Cepyme ponen en valor la tendencia descendente del número e importe de los aplazamientos durante los últimos años y entiende que esto remarca su carácter anticíclico. Además, hacen hincapié en que aplazamientos y fraccionamientos conllevan un coste financiero para quienes los solicitan, por lo que también proponen que las empresas de reducida dimensión queden fuera de esta medida.
El secretario general de la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), Eduardo Abad, asegura que cuando un autónomo no aplaza el pago del IVA pierde capacidad de tesorería. Por lo tanto, entiende que esta medida va a recaer sobre la línea de flotación del tejido productivo que conforman los trabajadores por cuenta propia, es decir, sobre la liquidez necesaria para que puedan desarrollar su actividad de forma natural.
"El fraude no está ahí. Es una medida meramente recaudatoria. Solo se hace para que la Administración anticipe el cobro del impuesto. Para que la Administración tenga tesorería, se la quita a pymes y autónomos", lamenta Abad.
El propio Cristóbal Montoro defendió que no tiene sentido que, teniendo la facilidad de crédito, las empresas se financien con la Hacienda de todos. El mismo texto explica que, de lo contrario, el aplazamiento supondría "un mero instrumento de diferimiento del pago de las obligaciones tributarias y de obtención de financiación".
