El Gobierno sacará adelante el jueves el techo de gasto para el año próximo con el apoyo del PSOE y Ciudadanos, poniendo así la primera piedra para la elaboración de los Presupuestos de 2017, con vistas a su aprobación en los primeros meses del año.
El acuerdo sobre el límite de gasto no financiero de 2017 para la Administración del Estado -que asciende a 118.337 millones, idéntica cifra a la del cierre de este ejercicio- comprende el reparto de los objetivos de déficit así como el objetivo máximo de deuda pública. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defenderá el techo en el pleno del Congreso durante la mañana del jueves, y según manifestaciones de los distintos grupos ya se ha granjeado el apoyo de los socialistas y las filas de Albert Rivera.
No correrá la misma suerte el Ejecutivo respecto del decreto en el que se incluirán las nuevas subidas fiscales recientemente anunciadas, así como el alza del 8% en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), las cotizaciones sociales y el endurecimiento de las condiciones para conseguir aplazamientos de pago de la Agencia Tributaria. Aunque será respaldado previsiblemente por el PSOE, Ciudadanos prevé abstenerse, al discrepar de algunas de las medidas, sobre todo de las relativas al alza de las cotizaciones sociales y al endurecimiento de los aplazamientos de pago.
Medidas financieras
Por su parte, el ministro de Economía, Luis de Guindos, defenderá otro decreto ante la Cámara durante la misma jornada, en concreto, el referido a medidas urgentes en materia financiera, y que comprende un préstamo del Tesoro español al Fondo Único de Resolución, el alargamiento del plazo que tiene el Gobierno para privatizar su participación en Bankia y BMN, así como la modificación del régimen contable de la Sareb. Un decreto que cuenta, por lo pronto, con el apoyo del Grupo Socialista.
Las críticas de Ciudadanos al decreto fiscal son sólo algunas de las que ha suscitado la batería de medidas desde que fue aprobada en Consejo de Ministros. Diversos expertos consultados por elEconomista han destacado el castigo que supone al consumo y las empresas, y desde la patronal Cepyme se critica que supone un incremento de costes empresariales, lo que puede lastrar la competitividad de nuestras firmas así como la creación de empleo. De hecho, la crítica patronal se centra en el hecho de que este nuevo tramo de ajuste exigido se apoye en los ingresos, al entender que hay margen aún para reducciones de gasto público.
Impacto en el PIB
Consideran también algunos de los expertos consultados que las medidas pueden tener impacto negativo en la actividad, lo que supondrá la revisión de previsiones de crecimiento elaboradas en el escenario anterior.
En concreto, desde Cepyme se destacan como riesgos el aumento de los costes laborales, así como el efecto restrictivo que sobre la demanda pueden deparar medidas fiscales como las contenidas en el decreto, que incluye subidas de Impuestos Especiales y una tributación superior en Sociedades.
