El sistema de pensiones español arroja sorprendentes conclusiones. Si el otro día explicábamos que hay 800.000 pensionistas que mensualmente cobran una prestación por valor de más de 2.000 euros, hoy toca mirar desde otro ángulo. Nada menos que 4,7 millones de pensiones, prácticamente la mitad de los 9,3 millones que se abonan mensualmente, cobran cuantías inferiores a la que fija el salario mínimo, situado en 655 euros hasta ahora.
En concreto, y según las estadísticas del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, casi 700.000 pensionistas cobran al mes cantidades inferiores a los 300 euros. Los hay jubilados, sí, aunque en este tramo prevalecen aquellos que cobran pensiones de orfandad o en favor de familiares.
Pero es en el siguiente tramo donde se concentra mayor cantidad de personas. Nada menos que 3,5 millones de pensionistas reciben cuantías mensuales de entre 300 y 648 euros. Es más: son casi dos millones, el 23% del total, los que cobran entre 600 y 648 euros. Más allá de la pensión media, situada hoy en los 909 euros (la de jubilación en los 1.047), la pensión típica se sitúa aproximadamente en los 625 euros: ningún otro tramo de renta analizado cuenta, ni de lejos, con tantos beneficiarios. El siguiente, de hecho, es el de aquellos que perciben entre 700 y 800, que son algo más de 800.000.
Mientras, los beneficiarios de una pensión de entre 1.000 y 2.000 euros son algo más de 2 millones, prácticamente los mismos que cobran esos 625 euros. Y los que superan esa cantidad son, según los datos más recientes, casi 800.000 personas.
Recortar gasto, complicado
Ya abordábamos en otro día, al exponer el caso de las pensiones más cuantiosas, cuando el economista José Ignacio Conde Ruiz sugería "aprobar reformas de las pensiones pensando en el largo plazo" y en ningún caso "cambiar las reglas de juego a personas que están ya jubiladas". Recortar las prestaciones parece una vía descartada por el Gobierno, expertos y economistas.
Mucho más teniendo en cuenta que 4,7 millones de personas reciben una prestación que se sitúa por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), y que otros 2 millones más se sitúan entre los 648 y los 1.000 euros.
Así, por el momento, las soluciones que se están empezando a oír en el seno del Pacto de Toledo están siendo mucho más livianas: elevar un 3% el tope de cotización, extraer Viudedad y Orfandad del Sistema de la Seguridad Social y pagarlo a través de Presupuestos (aunque ahí habrá que ver la solución por la que se opta, ya que de alguna u otra manera será el ciudadano quien pague vía impuestos esos 19.000 millones de euros) y pagar también desde fuera de la 'caja única' las bonificaciones y exenciones a la contratación que está impulsando el departamento de Fátima Báñez.
Todo ello en un momento en el que la OCDE ha sugerido desde París descargar los sistemas nacionales de la Seguridad Social que se encargan de abonar pensiones contributivas y no contributivas. A juicio del organismo, "los países no deberían usar las cotizaciones sociales para financiar la red de seguridad de asistencia social, pensiones universales o no contributivas", sino que éstas, las no contributivas, tendrían que abonarse vía impuestos, tal y como el Gobierno ha puesto sobre la mesa.
De cualquier manera, el reto de pagar las pensiones del futuro pasará por un incremento notable de la presión fiscal, al menos mientras los ciudadanos deseen seguir contando con un sistema público que les garantice, en función de sus tiempos de cotización y salarios, un retiro digno y que nadie está dispuesto a poner en cuestión.
No hay que olvidar, aún así, de que ya empiezan a notarse los efectos de las dos reformas previas de pensiones, la de 2010 y la de 2012. "Las pensiones se van a ir devaluando año a año con este sistema", advirtió el otro día José Antonio Herce, de Analistas Financieros Internacionales.
