El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ya ha iniciado contactos con los bancos acreedores del grupo de ocho autopistas de peaje en riesgo de liquidación, con el fin de retomar la negociación del plan de rescate de estas vías que el Ministerio planteó en marzo de 2014 y que entonces no prosperó.
"Es una cuestión francamente muy difícil, pero seguiré intentándolo y, de hecho, ya he iniciado contactos", aseguró De la Serna durante su intervención en el pleno del control al Gobierno del Congreso.
El ministro recordó que el plan pasa por reestructurar con una quita del 50% la deuda de 3.400 millones de euros que soportan estas vías para posteriormente integrarlas en la sociedad pública estatal Seittsa. El pasivo restante se titulizaría en un bono a treinta años para el que en su día se ofertó un interés del 1%.
De la Serna recordó que su objetivo último para estas autopistas es que su situación de quiebra y riesgo de liquidación tenga "el menor impacto posible en la sociedad" y que "sigan funcionando y estén disponibles en óptimas condiciones de servicio para quien quiera utilizarlas".
Las ocho vías de pago son las cuatro radiales de Madrid, la M-12 que conecta la capital con el aeropuerto de Barajas, la Madrid-Toledo, la Ocaña-La Roda y la Cartagena-Vera.
No ampliará las concesiones
El Ministerio de Fomento no ampliará los plazos de concesión de la explotación de autopistas de peaje por parte de empresas privadas que vencen entre los próximos tres y cinco años (entre 2018 y 2021), que entonces pasarán a manos del Estado para, "en su momento, decidir la mejor forma de explotarlas".
Así lo aseguró el ministro de Fomento que no concretó la fórmula que se baraja para gestionar a partir de entonces las vías, esto es, si el Estado las explotará directamente o bien volverá a sacar a concurso la concesión de su gestión a una empresa.
"Fomento no contempla a corto plazo prorrogar los plazos de concesión de las autopistas catalanas ni de ninguna otra", aseguró De la Serna. "La previsión es que cuando venza el plazo, la autopista revierta al Estado, que decidirá en ese momento la forma de explotarla", añadió.
El ministro se pronunció de esta forma en el pleno de control al Gobierno del Congreso al ser preguntado expresamente por las autopistas de Cataluña, si bien hizo extensiva su respuesta a todas las vías en la misma coyuntura.
Una media docena autopistas de peaje culminan en los próximos años el plazo por el que en su día el Gobierno contrató con empresas privadas su construcción y posterior explotación.
Se trata de la AP-1 Burgos-Armiñón, cuya concesión vence en 2018, de la AP-7 Tarragona-Alicante y la AP-4 Sevilla-Cádiz, que concluye en 2019, y de dos tramos de la AP-7 (La Jonquera-Barcelona y Barcelona-Tarragona) y la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, que termina en 2021.
Itínere es la compañía titular de la concesión de la AP-1 y Abertis cuenta con la del resto de las vías próximas a concluir su plazo de explotación.
Durante su intervención en la Cámara Baja, De la Serna rechazó que España, con su red de 28 autopistas que suman unos 3.000 kilómetros de longitud, sea uno de los países con más vías de pago en relación con autovías de alta capacidad libres de tasas directas de la UE.
Asimismo, defendió que los conductores españolas "cada vez utilizan más" las autopistas de peaje, dado que en 2015 elevaron un 6,4% su tráfico medio y contabilizaron unos 17.400 usuarios diarios.
