Ni alargar la edad de jubilación ni crear un impuesto específico para financiar las pensiones. Esas son las dos "líneas rojas" que se ha marcado el Ministerio de Empleo y Seguridad Social en las negociaciones para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Así lo expondrá hoy la ministra Fátima Báñez, que inaugura las comparecencias ante la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso, ante la que expondrá las alternativas en las que trabaja el Gobierno para garantizar la viabilidad del sistema, entre las que destaca, sobre todas, el impulso a la creación de empleo. Llegar al objetivo de los 20 millones de empleos al final de esta legislatura es la mejor fórmula para aumentar los ingresos de la Seguridad Social, explican los responsables del Departamento.
Otras alternativas que se manejan son la lucha contra el fraude laboral para aflorar empleos sumergidos y la separación de fuentes de financiación del sistema. Es decir, que las cotizaciones sociales financien sólo las pensiones contributivas, mientras el pago de la no contributivas pasaría a cargo de los Presupuestos Generales del Estado.
Los responsables del Ministerio de Empleo resaltan, sin embargo, que estas últimas opciones están abiertas a las negociaciones con el resto de los grupos políticos y con los agentes sociales, puesto que la intención del Ejecutivo es que el acuerdo final sobre la reforma del sistema de pensiones tenga el máximo consenso.
Precisamente, los agentes sociales están elaborando ya sus propias propuestas para la viabilidad del sistema de pensiones, que plantearán al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y a la ministra Báñez, durante el encuentro que mantendrán el próximo jueves en La Moncloa.
Entre el abanico de propuestas, sindicatos y CEOE coinciden en demandar la supresión de las bonificaciones a la contratación de las empresas, como la tarifa plana y otras aprobadas durante última legislatura de mayoría del PP.
Ambas partes coinciden en denunciar que estas bonificaciones no sirven para incentivar la creación de empleo -"los empresarios contratan cuando necesitan y no porque les bonifiquen", afirman en CEOE- además de estar mermando los ingresos del sistema.
Esta propuesta no parece tener visos de viabilidad, puesto que tanto el Partido Popular como Ciudadanos están a favor de mantener o ampliar las bonificaciones, especialmente para los autónomos.
Desde la organización empresarial proponen también combatir el absentismo, que estiman cuesta 4.000 millones anuales a la Seguridad Social, y corregir el desfase entre las cotizaciones y las percepciones de los autónomos, que según sus cálculos produce un agujero de 10.000 millones de euros anuales a la Seguridad Social. En este último punto, desde la CEOE se plantea que los autónomos coticen en función de los ingresos declarados.
Desde el lado sindical, las reformas que plantean, además de acabar con las bonificaciones a la contratación, destaca la financiación de los gastos de la Seguridad Social desde los Presupuestos del Estado, tal y como ocurre con el resto de los ministerios y organismos públicos, y también el destope de las bases de cotización. Estas tres medidas estiman que ahorrarían 15.500 millones de euros anuales a la Seguridad Social y acabarían con su déficit.
Como complemento, UGT propone también crear una cesta de impuestos, cuya recaudación se destinaría en su integridad a financiar el sistema de pensiones y tendría un carácter finalista.