Las cifras que se manejan son estimaciones. Se cree que las distintas administraciones del Estado tienen contratados a unos 20.000 asesores, que se nombran a dedo y que cobran de media 50.000 euros anuales, lo que arroja un total cercano a los 1.000 millones de euros de gastos.
Los datos anteriormente expuestos, recogidos por el diario El Mundo en un artículo que publica hoy domingo, provienen de los cálculos realizados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha tratado de ofrecer luz sobre el poco claro asunto de la contratación de asesores políticos en las distintas administraciones, siendo la autonómica, municipal y las diputaciones las que más dudas presentan, dado que la central tiene limitados por ley el número de asesores.
Los asesores políticos aparecen en la legislación española bajo la designación de personal eventual, cuya contratación excepcional y su existencia no se justifica en sus méritos, sino en la confianza que el político de turno deposita en ellos. Asímismo, sus decisiones carecen de responsabilidad política y su cese o su continuidad depende de la persona que los contrató.
