El Gobierno de Alexis Tsipras no deja de acumular derrotas, tanto a nivel internacional como doméstico. La más reciente vino con la decisión del Consejo de Estado de anular por anticonstitucional la ley de licencias de las emisoras privadas.
Una ley que el Gobierno de Syriza aprobó el septiembre con el fin de regular el ambiente televisivo en el país. En Grecia operan decenas de emisores privadas, desde el año 1989, con el detalle de que ninguna de ellas ha adquirido jamás una licencia para el uso (o alquiler) de su frecuencia televisiva. Al mismo tiempo, un segundo objetivo del Gobierno sería atacar a algunas de las grandes editoriales que dirigen las mayores emisoras privadas, y que siempre se han mostrado contrarias a las políticas de Syriza.
De este modo, el ministro de Estado, Nikos Pappás, considerado por muchos con la actual mano derecha de Alexis Tsipras, presentó una ley según la cual se subastarían cuatro licencias televisivas para emisoras privadas. El concurso tuvo lugar en septiembre y cuatro candidaturas obtuvieron las equivalentes licencias por un valor en total de 246 millones de euros. La oposición en su totalidad critició ferozmente esta ley que dejaba fuera del juego a varias emisoras con miles de empleados, y por otro lado privaba al Estado de ingresos de miles de millones de euros, por cotizaciones e impuestos que pagaban las compañías. Después del concurso habría un márgen de dos meses para que las emisoras sin licencia cesen su operación. Los cuatro ganadores abonaron ya la primera cuota de su licencia, unos 70 millones de euros en total, que el Gobierno destinará a fondos de Sanidad.
Resolución definitiva y vinculante
No obstante, el caso fue presentado al Consejo de Estado, cuya resolución es definitiva y vinculante. Y la semana pasada, publicó su decisión, declarando inconstitucional la ley de Nikos Pappás por 14 votos a favor y 11 en contra. El Consejo rechazó todo el procedimiento y dictaminó que el ministro del Estado no tenía la autorización de llamar a un concurso de estas licitaciones, ya que el único órgano autorizado para hacerlo es el Consejo Nacional de Radiodifusión (ESR en Grecia), que sin embargo aún no ha sido establecido como cuerpo.
De este modo, el concurso se anula, el panorama televisivo en Grecia permanece en la situación actual, y el Estado deberá devolver a los licitadores los 70 millones de euros que ha recibido como primera cuota de la licencia. Es una derrota significativa para el Gobierno de Syriza, no tanto teniendo en cuenta los ingresos perdidos, sino por la importancia mediática del asunto y por el hecho de que una vez más el Gobierno se ha mostrado inexperto apresurándose para mostrar el éxito de las medidas adoptas pero sin tener en cuenta las propias leyes del Estado.
