Campeones europeos en longevidad, con una tasa de fecundidad casi por los suelos (los últimos datos demográficos del INE son para reflexionar), un número creciente de dependientes en el Sistema, el nivel de paro en el 20% de la población activa y un déficit superior al 1,5% del PIB en la Seguridad Social. Que la reforma de las pensiones en España es necesaria, es un hecho, ahora bien, los expertos consultados difieren en el modo en que el próximo Gobierno debiera abordarla.
Más o nuevos impuestos, reducir el gasto en pensiones, eliminar bonificaciones y, sobre todo, una reforma más en profundidad del mercado de trabajo son algunas de las opciones que se barajan para mantener a flote el Sistema. Las opciones son múltiples y el objetivo, evidente: garantizar la sostenibilidad de las pensiones, en un momento en que el Gobierno en funciones reconoce que el agujero de la Seguridad Social alcanzará los 19.000 millones este año y los 16.000 el próximo, lo que podría agotar el Fondo de Reserva como mucho en año y medio.
La vía de los impuestos
Es la medida que ofrece más variables. Carlos Martínez, director general del IMF Business School se muestra rotundo: "si no hay un fuerte crecimiento económico y un aumento del empleo en los próximos años, habrá que dotar al sistema de más recursos vía impuestos o seguir rebajando las pensiones". Eduardo Bandrés, Catedrático de Economía de la Universidad de Zaragoza sostiene que una solución pasaría por elevar el IVA para dotar de sostenibilidad a un sistema que confiaba en un aumento anual del 5,5% de los ingresos "que no se está cumpliendo". Para ello, los poderes públicos deberían hacer un ejercicio pedagógico importante que explique a los ciudadanos que hay que encontrar soluciones para garantizar el cobro de prestaciones dignas.
Mientras, Rafael Domenech economista Jefe de Economías Desarrolladas de BBVA Research apuesta por sustituir la financiación mediante cotizaciones sociales por impuestos indirectos, lo que aumentaría la tasa de empleo y reduciría la desigualdad (es lo que se denomina devaluación fiscal). En su propuesta de mejora del sistema recordaba ejemplos en este sentido en países como Dinamarca, donde menos del 2% de las rentas del trabajo financian las pensiones.
Desde CCOO proponen que sean los impuestos y no las cotizaciones sociales los que financien las pensiones de viudedad y de orfandad, en tanto que no son pensiones contributivas -no se ha cotizado previamente por ellas-. El Pacto de Toledo abordará esta medida que se iría aplicando, en todo caso, de forma paulatina y que equivaldría, en la práctica, a una nueva separación de fuentes.
Eliminar bonificaciones
Los expertos también creen que sería necesario eliminar todas las bonificaciones que puedan sustituirse por alternativas más eficientes para crear empleo de calidad. Es decir, aplicar cambios en la regulación laboral que incentiven el empleo indefinido, en vez de bonificarlo de forma temporal.
Destopar las bases máximas de cotización
Otra de las ideas que se incorporan al debate es la de destopar o quitar el límite a las bases máximas de cotización sin un aumento de la pensión máxima. De esta forma, los salarios más altos cotizarían por las rentas que hubieran percibido realmente, sin topes, lo que significaría pagar más en cotizaciones. Los sindicatos calculan que la Seguridad Social deja de recaudar algo más de 7.000 millones de euros al año por esta vía. Sin embargo, otros expertos alertan de que esta iniciativa encarecería el factor trabajo y podría reducir el empleo.
Cambios en el mercado de trabajo
Los analistas ven clave que el nuevo Ejecutivo se plantee una reforma del mercado de trabajo que sirva para aumentar el empleo y, sobre todo, la productividad, uno de los temas fundamentales que señala el propio Domenech. Se trataría de aprobar cambios estructurales que rebajen la tasa de paro, eleven la de ocupación e incrementen, también, los salarios, de forma que las aportaciones a la Seguridad Social sean mayores. Es un camino lento pero, a la larga, más positivo para los ciudadanos.
Además de aumentar la tasa de empleo, las reformas deberían servir para atraer capital humano, sobre todo cualificado, de manera que la inmigración retrasara el envejecimiento.
Jubilarse a los 67
La jubilación a los 67 debe universalizarse, sin dar lugar a excepciones, en opinión de Martínez, que apuesta por eliminar las prejubilaciones y por volver a revalorizar las pensiones de acuerdo con el IPC, entre otras medidas.
Un sistema más simple y justo
Íñigo Sagardoy, presidente de Sagardoy Abogados sostiene que las reformas deberían pivotar sobre cinco principios. Es básico que exista un consenso social, ajeno a intereses políticos, para conseguir una reforma integral y no "parches". También tiene que haber mayor responsabilidad personal de los ciudadanos, con corresponsabilidad del sistema público y privado de pensiones -al modo anglosajón-. El sistema tiene que ser simple y transparente, deberían reducirse los regímenes de la Seguridad Social y que cada ciudadano conociese de formas exhaustiva la pensión que le corresponde. Pero además, debe ser un modelo justo, porque tiene que lograr el equilibrio presupuestario y dotar de rentas mínimas suficientes a los pensionistas en cada momento. Por último la reforma debe conseguir un Sistema eficiente y sostenible en el tiempo, para lo que los cambios aplicados en 2013 van, en su opinión, en la dirección correcta.
La demografía no perdona
En un artículo reciente, Ignacio Conde-Ruiz, director de investigación de Fedea recordaba que España tiene una de las esperanzas de vida más elevadas, tanto al nacer como a partir de los 65 años, de toda Europa. Las mujeres españolas son campeonas en longevidad con una expectativa al nacer de 86,2 años. De hecho, entre los países de la OCDE sólo Japón nos supera en esperanza de vida al nacer. A esto se suma que España tiene una de las tasas de fecundidad más bajas de los países desarrollados, con 1,32 hijos por mujer en edad fértil -en los países desarrollados y para mantener constante el tamaño de la población sin movimientos migratorios esa tasa debería estar en 2,01 niños-.
Desde los Cuadernos de información económica de Funcas, José Antonio Herce añade a lo anterior el hecho de que en España la población activa puede reducirse en 900.000 personas hasta el año 2025, lo que dificultará la renovación generacional de la fuerza de trabajo en las empresas, con escasez de mano de obra joven, y la necesaria adaptación a la digitalización de la economía.
