La ratificación del Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA, por sus iniciales en inglés) con Canadá se ha convertido en un test de "credibilidad" para la UE, según reconoció la comisaria de Comercio Cecilia Malmström.
Los líderes europeos podrían fallar en esta nueva prueba de su annus horribilis, si no consigue entre hoy y mañana convencer a Bélgica, y sobre todo a su francófona región de Valonia, que levante el veto que impuso la semana pasada al proceso de aprobación. Búlgaros y rumanos también han puesto condiciones sobre los visados, pero no se espera que sean un obstáculo al final. El vicepresidente de la Comisión para Empleo, Crecimiento e Inversión, Jyrki Katainen, se mostró tan positivo que llegó a decir que "sería bueno para el modelo social europeo".
Por contra, los valones han dado voz a quienes durante los últimos meses se han manifestado en Europa contra CETA y sobre todo contra la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP, en inglés), un tratado similar que Bruselas negocia con EEUU. Avisan que los estándares europeos en medioambiente, sanidad o protección del consumidor serán degradados.
La oposición al libre comercio es el último frente abierto en una Europa empantanada con el divorcio de Gran Bretaña o la crisis migratoria. La gran prioridad es salvar el acuerdo con Ottawa antes del 27 de octubre, fecha de la cumbre UE-Canadá donde el primer ministro Justin Trudeau iba a estampar su firma al texto negociado durante siete años.
La Comisión y el resto de socios se han comprometido a que la aplicación del acuerdo no suponga una reorganización de las competencias entre Europa y las capitales. Además, durante la aplicación provisional, el acuerdo podría tumbarse si algún Estado se opone vía parlamento o Tribunal Constitucional. "Esto es lo que hay, no va a haber más", comentó ayer una fuente diplomática en referencia a las concesiones ya ofrecidas. "Se trata de convencer a los valones que no sean unos aguafiestas", añadió fuera de micrófonos.
Limitar los aranceles
CETA y TTIP han rasgado las costuras del consenso en torno al libre comercio en Europa. Para evitarlo, la Comisión Europea y el Consejo Europeo, presidido por Donald Tusk, intentarán que los 28 acuerden antes de finales de año la modernización de los instrumentos de defensa comercial.
Así, la Comisión presentó ayer una propuesta retocada para superar la división en torno a la regla del derecho inferior, que ha impedido desde 2013 reforzar los mecanismos de protección frente al dumping y otras prácticas comerciales agresivas. El Ejecutivo comunitario propuso limitar los aranceles que se pueden imponer a las importaciones, se aplique sobre todo a casos de sobrecapacidad.
Entidades
