El culebrón para saber si España es finalmente castigada por haber violado las reglas fiscales europeas parece tener fecha para su próximo episodio. Según informaron fuentes europeas a elEconomista, el Parlamento europeo recibirá probablemente el 8 de noviembre al ministro de Economía y Competitividad en funciones, Luis de Guindos, y al responsable de Finanzas de Portugal, Mario Centeno, cuyo país también está en el paredón por haberse saltado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Según comentaron las mismas fuentes, la fecha no está aún del todo cerrada. No obstante, parece el día más indicado ya que ambos ministros se encontrarán en Bruselas para la reunión del Consejo de Economía y Finanzas de la Unión Europea (Ecofin).
Tanto De Guindos como Centeno comparecerán ante una sesión conjunta de los comités de Asuntos Económicos y Desarrollo Regional para demostrar que sus administraciones han tomado las acciones efectivas necesarias para cumplir con el objetivo de déficit este año (3,9 por ciento en el caso de España). El objetivo es evitar la congelación de parte de los fondos estructurales europeos del año que viene (hasta un total de 1.350 millones de euros, según Guindos).
Dirigido a la Comisión
Los mensajes del popular español y el socialista portugués no irán dirigidos a los eurodiputados, ya que sus familias políticas y los grupos de Izquierda y los Verdes están en contra de cualquier suspensión. Sus palabras sobre todo intentarán ablandar a la Comisión Europea, que ya perdonó la multa el pasado julio, pero que se ve obligada a proponer al menos la congelación parcial de los fondos si no han tomado acciones efectivas.
La comisaria Corina Cretu, responsable de los fondos regionales, ya avisó durante su comparecencia ante los eurodiputados que el elevado desempleo en ambos países será un factor para reducir la congelación de fondos para 2017, si esa es finalmente la decisión.
El veredicto llegará probablemente a mediados de noviembre, cuando se espera que la Comisión opine sobre los borradores presupuestarios nacionales para 2017.
A España aún le quedará otra prueba todavía más complicada, ya que tendrá que presentar unas nuevas cuentas para el próximo ejercicio con un ajuste del 0,5% del PIB (equivalente a algo más de 5.000 millones de euros) antes del 8 de diciembre. Si no, encara una multa precisamente del 0,5 % del PIB.