El Gobierno ha dado el visto bueno este viernes el plan presupuestario para 2017 y al conocido como 'nforme de acción efectiva', que recoge las medidas adoptadas para asegurar el cumplimiento del déficit este año y el siguiente, y que remitirá a Bruselas mañana, cuando finaliza el plazo para enviarlo a la Comisión Europea.
Así lo trasladó la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, al término de la reunión del Consejo de Ministros, donde aseguró que "la parte mollar" de lo que se remitirá a Bruselas es el 'informe de acción efectiva', que resume las medidas aprobadas para reducir el déficit, como el acuerdo de no disponibilidad de gasto de 2.000 millones de euros, el adelanto a julio del cierre presupuestario de 2016 y el aumento del Impuesto de Sociedades para recaudar 8.300 millones de euros más.
En este punto, la vicepresidenta confió en que el decreto ley de reforma del Impuesto sobre Sociedades, que entró en vigor el pasado 30 de septiembre, pueda ser convalidado en el Congreso el próximo 20 de octubre, según ha acordado la Junta de Portavoces de la Cámara Baja.
Junto con el 'informe de acción efectiva', el Gobierno también remitirá a Bruselas el plan presupuestario de 2017, que supone básicamente la prórroga de los Presupuestos de 2016, pero con previsiones de ingresos y gastos para el próximo año que, según adelantó, se han realizado con "mucha prudencia".
La vicepresidenta apuntó que posteriormente debe ser el nuevo Gobierno quien adopte las medidas que considere oportunas para cuadrar el déficit público de 2017, ya que un Ejecutivo en plenitud de funciones podrá aprobar después unos nuevos Presupuestos para el próximo año.
Ajuste de 5.000 millones pendiente
De momento, el texto que se enviará a Bruselas contemplará un déficit público del 3,6%, medio punto por encima del objetivo comprometido con Bruselas, ya que el Gobierno no puede elaborar un plan presupuestario con cambios de política fiscal o económica, y se mantiene en el 2,3% el crecimiento previsto para el próximo año.
Será el nuevo Gobierno quien tendrá que adoptar medidas adicionales por importe de unos 5.000 millones de euros (medio punto del PIB) para dejar el déficit de 2017 en el 3,1% acordado con la Comisión.
Los dos posibles escenarios
El Gobierno tiene previsto aprobar en noviembre un decreto ley, dependiente de pactos con el resto de grupos parlamentarios, con medidas de naturaleza presupuestaria, como la actualización de pensiones y de salarios públicos, si Mariano Rajoy resulta investido como presidente en el mes de octubre.
Sáenz de Santamaría ha explicado los pasos a seguir por el Gobierno en los dos posibles escenarios que se plantean en la actualidad en función de si Mariano Rajoy resulta investido como presidente antes de que acabe el mes de octubre o no.
En caso de que no se produzca la investidura, Sáenz de Santamaría ha recordado que ya se está tramitando el proyecto de ley de cambio de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y de Sostenibilidad Financiera, que podría estar aprobado en torno al próximo 25 o 26 de octubre, dependiendo de si los grupos parlamentarios presentan enmiendas en el Senado y de que cuente con mayoría absoluta en el Congreso.
Así, en el supuesto de que Rajoy no consiga los apoyos necesarios para volver a ser el presidente del Gobierno, el Ejecutivo en funciones aprobaría el objetivo de estabilidad presupuestaria y deuda pública de las administraciones territoriales, eso sí, sin techo de gasto del Estado al no contar con capacidad presupuestaria para ello.
Posteriormente se prorrogarían para 2017 las cuentas de 2016 y el Gobierno en funciones tendría que estudiar las alternativas legales posibles para adoptar determinadas medidas de carácter presupuestario, como las referidas a la revalorización de las pensiones y los salarios de los empleados públicos.
Decreto con medidas presupuestarias
En el otro caso, si finalmente Rajoy resultase investido presidente a finales de este mes, el Gobierno podría aprobar "probablemente en noviembre" los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública y los límites de gasto de todas las administraciones y de gasto financiero del Estado (el techo de gasto), como paso previo a la elaboración de los Presupuestos de 2017.
Para ello, los objetivos tendrían que pasar primero por el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) y a continuación por el Consejo de Ministros.
De producirse esta situación, ha indicado Sáenz de Santamaría, el Gobierno contaría con "mucha capacidad" para poder dar luz verde a un decreto ley con medidas de naturaleza presupuestaria, dependiente de los "pactos pendientes", con lo que podría proceder a la actualización de las pensiones y los salarios públicos.
