Las medidas aprobadas recientemente por el Consejo de Ministros, para paliar el problema de financiación que la falta de Gobierno ha provocado en las autonomías, dejan algún cabo suelto en materia tributaria. En concreto y si la actual situación política conlleva finalmente una prórroga de los Presupuestos de 2016 el año que viene, buena parte de las comunidades autónomas se quedarían sin el ingreso extra que supone el tan traído y llevado impuesto sobre el Patrimonio. Todo el problema viene dado del hecho de que, cuando se recuperó el impuesto, la solución que se adoptó fue provisional.
El Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero suspendió Patrimonio entre los años 2008 y 2011. Cuando lo restableció lo hizo de forma transitoria para los años 2011 y 2012. Desde entonces, se ha ido manteniendo esta solución parcial. Así, el Gobierno de Mariano Rajoy ha ido aprobando una disposición adicional a las Cuentas de cada año, donde eliminaba la bonificación del cien por cien en este tributo que no se eliminó en ningún momento del texto de la Ley de Presupuestos desde la supresión del tributo (aparece también en los de 2016). Fuentes próximas al Ministerio de Hacienda reconocieron a elEconomista que aún no hay nada definitivo en relación a Patrimonio.
De acuerdo con los últimos datos de que dispone la Agencia Tributaria (AEAT), este tributo permitió recaudar a las regiones 937 millones de euros en 2014, el último ejercicio para el que hay datos disponibles. De esa cantidad, un 46% fue a parar a Cataluña, la autonomía que más ingresa por este impuesto -con 429,3 millones-, seguida de la Comunidad Valenciana, con 107,1 millones.
Son precisamente dos de las autonomías cuyo desequilibrio fiscal es mayor. Cataluña cerró el pasado ejercicio con un agujero del 2,7%, que en el caso de la Comunidad Valenciana fue del 2,51%, es decir, que los dos fueron claramente superiores al objetivo del 1,7% establecido para el conjunto del sector autonómico.
Varios de los expertos consultados no descartan que el Gobierno en funciones apruebe un Real Decreto Ley in extremis, como hizo por ejemplo con Sociedades, para que las autonomías no tengan que renunciar a este ingreso. Es el caso del economista José Carlos Díez. Mientras, Esaú Alarcón García, columnista de Ecoley, incide en que de no producirse ningún movimiento por parte del Ejecutivo en funciones, el asunto podría acabar incluso en manos del Tribunal Constitucional.
Otros analistas ponen el punto de mira en los últimos datos de afloramiento de bienes en el exterior que, según la Agencia Tributaria, suponen ya un tercio de todo lo gravado por Patrimonio, suman 109.200 millones de euros y podrían constituir un nicho nuevo de recaudación en el caso de que el Ejecutivo central se plantease la recuperación definitiva del tributo.
A todo lo anterior se suma el hecho de que las comunidades autónomas que recuperaron este tributo vienen cobrando ya desde 2014 un doble ingreso por el mismo. Esto es así porque cuando se suspendió el Impuesto sobre el Patrimonio, el Gobierno del PSOE estableció una cantidad total de 2.097 millones para compensar a las regiones por su eliminación -el Ministerio de Hacienda tuvo en cuenta para ello la última recaudación efectiva del tributo-.
¿Y la compensación?
Al hacer en 2014 la liquidación del ejercicio 2012, Hacienda debería haber restado a la compensación anual recibida por cada autonomía lo que hubiera ingresado por Patrimonio, de forma que si alguna había recibido algo de más lo devolviese. Pero como el tributo se prorrogó a través de los Presupuestos, el entonces titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, decidió que las autonomías que optaron por restablecer Patrimonio ya no tuvieran que devolver nada a Hacienda y pudieran quedarse con la compensación anual y con la recaudación íntegra del tributo.
Esta compensación se incorporó al resto de los fondos que las regiones reciben a través de la financiación autonómica, por lo que las mismas fuentes desconocen si la eventual eliminación del tributo podría afectar también a su cobro. Actualmente la perciben todas las regiones, hayan recuperado o no Patrimonio. Su cuantía va desde los 632 millones de euros en Madrid, a los 537 millones en Cataluña o a los 216 millones de euros en la Comunidad Valenciana, que son los tres territorios que perciben una compensación más elevada.
Nuevos datos en los que pensar
Un tercio de todo lo gravado por Patrimonio procede ya de bienes declarados en el exterior. La Agencia Tributaria (AEAT) asegura que el colectivo de declarantes de Patrimonio que, al mismo tiempo, reconoce poseer bienes fuera ha pasado de representar un 12% a un 31% de la base imponible del tributo entre 2007 y 2015, de forma que las rentas sujetas a Patrimonio de este colectivo se elevaron de 61.000 a 109.200 millones, con un alza del 78%. Entre quienes tributan por Patrimonio y se acogieron a la amnistía fiscal, la base imponible pasa de 28.600 millones de 2007 a 52.100 millones de euros en 2015 (se eleva un 82%).
