A las instituciones europeas se les agota la paciencia con España. La Comisión Europea perdonó a nuestro país el pasado mes de julio la multa por violar el cumplimiento del déficit; terminó por aceptar resignada que envíe el borrador presupuestario que espera para el 15 de octubre sin los ajustes solicitados dada la falta de Gobierno; pero no permitirá que el objetivo del déficit se estire como un chicle para acomodarse al agitado juego político español, según avisaron ayer los responsables de la eurozona tras la reunión del Eurogrupo, en la que se discutió el proceso de infracción contra España y Portugal por violar el Pacto de Estabilidad y Crecimiento.
Así, el presidente del Eurogrupo, Jeroen Dijsselbloem, lanzó una "ligera critica" al Gobierno en funciones del PP, que más bien cayó como una sonora colleja. El holandés recordó que "en el último par de años ha habido bastantes debates entre España y la Comisión sobre la calidad de las cifras" de crecimiento y déficit. "Y cada vez resultó que la Comisión tenía razón, por lo que me gustaría que el Gobierno español realmente escrudiñara sus cifras y suposiciones antes de incluirlas en los Presupuestos".
El aviso llegó después de que el ministro de Economía, Luis de Guindos, indicara al llegar al encuentro con sus colegas europeos que España "no estará muy lejos" del objetivo del 3,1% de déficit el año próximo. Pero en el recuerdo está que cuando España iba desviada del objetivo de 2015, que terminó por ser un déficit del 5,1% frente al 4,2% exigido por Bruselas, Guindos se empeñaba en subrayar que el crecimiento económico es más importante que "un par de décimas de déficit".
Así, la Comisión también fue ayer firme. El responsable de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, avisó momentos antes del varapalo de Dijsselbloem que el objetivo de déficit es 3,1%, "muy cerca es algo diferente". España sabe además que sus socios le han exigido que el cumplimiento de esta meta en 2017 proceda de un esfuerzo estructural (excluyendo los beneficios del ciclo económico) de un 0,5% del PIB, unos 5.000 millones. Son nuevos ajustes que Moscovici volvió a conceder que no se presenten a tiempo para el 15 de octubre, pero pidió que se realicen tan pronto como España tenga Gobierno con plenos poderes.
Más aún: si estos nuevos recortes o impuestos no llegan para el 8 de diciembre, España podría enfrentarse a una multa de algo más de 5.000 millones (un 0,5% del PIB) por saltarse las indicaciones de sus socios para encarrilar las cuentas públicas.
España además todavía encara la suspensión parcial de hasta 1.350 millones en fondos europeos para 2017 como parte del proceso de infracción. En este apartado, Guindos se mostró "confiado" en que la modificación de los pagos a cuenta del Impuesto de Sociedades sea suficiente para evitar esta sanción.