El ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, ha adelantado que el Consejo de Ministros aprobará este viernes el proyecto presupuestario para el próximo año que remitirá a Bruselas -debe hacerlo antes de este sábado, 15 de octubre- y que es una prórroga de los Presupuestos Generales de 2016, dado que el Gobierno en funciones no puede aprobar unos nuevos. Dijsselbloem anticipa que el próximo Gobierno de España tendrá que hacer más esfuerzos.
Aunque no ha querido detallar la cifra de déficit público que incluirá, ha indicado que será "cercano" al 3,1%, el objetivo pactado con la UE para 2017, según aseguró a su llegada a la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo).
De esta forma, ha explicado que el borrador presupuestario será una extensión del de 2016 en el que se proyectarán, de acuerdo con las perspectivas macroeconómicas, partidas como los ingresos tributarios, el gasto en prestaciones por desempleo y la carga de intereses.
En este sentido, De Guindos ha destacado que la proyección de crecimiento económico para 2017 en la que se basará el borrador de presupuesto es del 2,3%, una cifra "moderada".
"Posteriormente, cuando haya nuevo Gobierno, esperemos que no sea muy tarde, tendrá que definir un Presupuesto para cumplir con el objetivo del 3,1%, pero no estaría muy lejos", ha avanzado.
Confía en evitar la congelación de fondos
El ministro aseguró que España ha cumplido con sus compromisos para evitar una congelación de sus fondos estructurales y de inversión europeos, y mostró su confianza en que la decisión final de Bruselas será favorable para el país.
"Nosotros consideramos que se ha cumplido la acción efectiva" que le exigían sus socios, gracias al cierre presupuestario aplicado desde julio y a los cambios introducidos en los pagos a cuenta del impuesto de sociedades, pendiente aún de aprobación en el Parlamento español, dijo el ministro.
De Guindos se mostró confiado en que estas medidas bastarán para lograr que la Comisión Europea (CE) no bloquee los fondos europeos a España a partir de enero de 2017, como castigo al país por haber incumplido sus compromisos de reducción del déficit público.
Dijo a su llegada a la reunión de los ministros de Economía y Finanzas de la eurozona que las garantías que tiene al respecto "se derivan de cumplimiento de los compromisos, y España ha cumplido sus dos compromisos".
Por ello se mostró seguro de que "no habrá consecuencias desde el punto de vista de la congelación de gastos presupuestarios" europeos.
