En las dos últimas legislaturas, la senda seguida por España en la reducción del déficit público decepcionó. Sin duda, tuvo un mal punto de partida, como fue el desequilibrio del 9% del PIB que legó el Gobierno socialista. Desde entonces, transcurrió con fuertes altibajos hasta desembocar en la alarmante amenaza de multa que la UE lanzó sobre España. De hecho, el último año en que nuestro país mantuvo su déficit en los límites que Bruselas demanda fue 2009.
Sin embargo, esa situación podría a volver a producirse en 2016, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Es cierto que concurren aspectos excepcionales. La recuperación de los mínimos en los pagos adelantados de Sociedades (acompañados de un alza de los tipos de las retenciones) compensará in extremis el desplome de recaudación que sufría el Estado. En cuanto a las autonomías, incumplidoras proverbiales, sólo el pago de las liquidaciones a cuenta del sistema de financiación, relativas a 2014, implican una inyección de 8.000 millones.
La ayuda de estos factores es indudable; también lo es la persistencia de desequilibrios, como el agujero del 1,6% de la Seguridad Social. Ahora bien, debe celebrarse que las Administraciones puedan cerrar el año con unos números rojos del 4,2%, cuatro décimas menos de lo que Bruselas pide. Se tratará de todo un hito que urge preservar en los próximos años. Hay base para ello: la formación de un Gobierno ajeno a aventurerismos se antoja más cercana por la renuncia del presidente Mariano Rajoy a imponer condiciones a cambio de la abstención del PSOE. A ello debe sumarse la elaboración de unos nuevos Presupuestos, que mantengan la tendencia de equilibrio fiscal ya iniciada.
