El Gobierno aprobó ayer, en Consejo de Ministros, la concesión de otros 10.489 millones de euros para las comunidades autónomas a través de los compartimentos del Fondo de Liquidez Autonómica. Esa cantidad servirá para que, a lo largo del cuatro trimestre del año, los entes regionales puedan financiar Sanidad y Educación, cubrir el déficit y pagar a proveedores. Con la nueva inyección, que supera todas las estimaciones iniciales, el rescate a las autonomías desde que el FLA y la Facilidad Financiera entraran en funcionamiento sobrepasa ya los 160.000 millones, equivalente al 15 por ciento del PIB.
Los fondos comenzaron a funcionar en el año 2012, cuando España sufría los reveses de la crisis de deuda y el mercado financiero mantenía un hilo abierto para el Estado pero no para las comunidades. Aquel año, Hacienda prestó a las regiones más de 34.000 millones. En 2013 llegaron otros 27.500 millones, por los 31.185 millones de 2014; los 36.600 millones del ejercicio pasado; y los aparentemente más de 30.000 de 2016. Un total de 160.000 millones que ha mantenido a flote a las regiones, ha rebajado sustancialmente el periodo medio de pago a proveedores y ha permitido financiar los servicios sociales. Siempre con un coste, en forma de sustancial incremento de deuda autonómica, ahora por encima de los 270.000 millones -su récord histórico-.
Este periódico venía anunciando desde el pasado miércoles que el Ejecutivo, en funciones, preparaba la última inyección de liquidez del año, si bien varias fuentes advirtieron que la cantidad a otorgar se situaría entre los 5.000 y los 6.000 millones. Siempre en función de lo estipulado en Presupuestos, donde se explicita que la aportación patrimonial para los fondos iba a ascender a 25.000 millones para el año. Lo cierto es que según cálculos propios a través de datos obtenidos en la página web del Ministerio de Hacienda, las cantidades otorgadas en los tres primeros trimestres del año se situaban al borde de los 20.000 millones. El anuncio puede significar, de hecho, que finalmente el Fondo de Liquidez haya contado con una dotación mayor a la prevista.
El ministro del ramo en funciones, Cristóbal Montoro, explicó ayer tras el Consejo de Ministros que a los 10.489 millones otorgados para el cuarto trimestre del año se sumarán después otros 4.000 millones, correspondientes a la diferencia entre un déficit autonómico del 0,3 por ciento, fijado por ley hasta ahora, y otro del 0,7 por ciento, flexibilizado en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero sin texto legal que lo respalde al encontrarse el Ejecutivo en funciones. "Necesitamos cambiar el límite cuanto antes", advirtió Montoro.
Cambio en Ley de Estabilidad
Y para ello se preparó también el Gobierno, que ayer mismo anunció su intención de modificar el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, ya que ésta no contempla la posibilidad de que un gabinete en funciones pueda modificar el reparto de los objetivos de déficit, deuda pública y regla de gasto.
Montoro ya tenía prevista esta cuestión, pues presidentes autonómicos como el de Canarias, Fernando Clavijo, habían trasladado a Hacienda las dificultades regionales para elaborar sus Presupuestos del próximo año. El Gobierno, al estar en funciones, no ha fijado techo de gasto, no ha podido presentar los Presupuestos y tampoco ha transmitido los límites de déficit por Administraciones para el próximo año.
El ministro, ayer, aseguró que la reforma del artículo 15 será presentada por el PP en el Congreso, ya que la reforma de una Ley necesita del respaldo de las Cámaras para salir adelante. En este sentido, explicó que ya había sido negociada con todos los grupos y auguró "una mayoría suficiente" para la misma. No es de extrañar, ya que entre las autonomías que necesitan más información presupuestaria y fiscal están las gobernadas por el PSOE e incluso por los independentistas de Junts pel Sí en el caso de Cataluña.
Cuando la reforma sea aprobada, Montoro podrá convocar el Consejo de Política Fiscal, certificar que las regiones podrán ceñirse a un déficit del 0,7 por ciento este año -hasta julio su desfase era del 0,07 por ciento del PIB- e incluso fijar un techo de gasto que sirva de guía para que las Administraciones puedan elaborar sus cuentas públicas del próximo año.
